Profesora Titular de Psicología social del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo. Imparte docencia de Psicología de los grupos e Intervención Psicosocial y comunitaria. Desde el año 1985 centra su actividad investigadora en la “Mediación de conflictos” temática en la que se doctoró en 1994 y sobre la que ha venido publicando a lo largo de estos años.

Profesora invitada en organismos e instituciones nacionales e internacionales. Codirectora del Curso de Experto en mediación de Conflictos familiares de la Universidad de Oviedo. Dirige y coordina el Programa de Mediación familiar intrajudicial de Oviedo. Miembro del equipo de redacción de La ley de Mediación del Principado de Asturias. Ex-Consejera del Consejo Escolar del Principado de Asturias´.

Asesora del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia.  Ingresó en la carrera judicial el año 1989. En enero de 2011 pasó a situación de servicios especiales como Letrada del Consejo General del Poder Judicial en el Servicio de Inspección, actividad que compatibilizó desde marzo de 2014 con la de letrada de mediación en el Gabinete Técnico del CGPJ.  Es miembro de GEMME desde la constitución de su sección española.

Doctor en Psicología y Profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la ULL. Director de la Unidad de Mediación y Asesoramiento de Conflictos (UNIMAC) de la ULL. Director del Centro de Estudios Universitarios de la Mediación y la Convivencia (CUMECO) de la ULL y Coordinador del equipo de Investigación de CUMECO-ULL “Desarrollo social y científico de la mediación”.

Codirige la Cátedra Universitaria de Convivencia y Seguridad de la ULL. y  es subdirector del Máster Interuniversitario de Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria de la ULL.

Es Miembro del Comisión Asesora de la Mediación del Gobierno de Canarias y Secretario General de la (CUEMYC).

Profesor Contratado Doctor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento psicológico I en la Facultad de Psicología UCM. Doctor en Psicología Universidad Autónoma de Barcelona. Psicólogo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ministerio de Justicia (en excedencia). Director del entrenamiento técnico en Mediación del Máster en Mediación y Gestión de Conflictos de la  UCM.  Miembro del Instituto de Mediación y Gestión de Conflictos de la UCM (IMEDIA) y  pertenece desde sus orígenes al Grupo Europeo de Magistrados por la mediación (GEMME). Su amplia trayectoria como profesional experto en mediación familiar a nivel de intervención, investigación y docencia hace que sea considerado uno de los principales referentes en mediación familiar en nuestro país.

Doctora en Psicología por la Universidad de Barcelona y máster en Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente es consultora de Recursos Humanos en la UOC y profesora de Mediación y resolución de conflictos en el Departamento de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Su actividad como docente se centra en el ámbito de la Psicología de Conflictos, Negociación y Mediación, Psicología Social Aplicada, Técnicas de Negociación y Resolución de Conflictos; y mediación de conflictos. Como investigadora sus áreas de interés giran en torno al conflicto y su resolución, la mediación, bienestar, ancianos y salud psicosocial en diversos problemas sociales. Miembro de ARC, Work Team PNPM y de la sección GEMME.

A lo largo de esta mesa nos proponemos analizar la importancia de los aspectos psicológicos y, consecuentemente, de la psicología en los procesos de mediación. Cuando hablamos de mediación de conflictos debemos de tener presente que se trata de un proceso de relaciones entre personas mediadoras y mediadas, quienes están condicionadas por factores cognitivos y emocionales que normalmente determinan el camino hacia el acuerdo. El estudio y correcto manejo de estos elementos psicológicos presentes en la dinámica de la mediación que afectan tanto a las personas mediadoras como a las mediadas resulta imprescindible para que la mediación llegue a buen fin. La psicología es la disciplina fundamental que tiene la respuesta para ello. De ahí que, y a raíz de la infravaloración que se otorga a los profesionales de la mediación no juristas en el Anteproyecto Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, creímos conveniente realizar esta mesa de expertos en las que intervendrán profesionales de reconocido prestigio que nos ofrecerán su visión sobre el tema, tanto desde el punto de vista institucional,  representado por Dña. Ana Carrascosa,  como profesional y académico de la mano de Dr. Manuel Rosales Álamo, Dr. Ignacio Bolaños y Dra. Imma Armadans.

El Anteproyecto de ley de eficiencia procesal, actualmente en fase de informes preceptivos, pretende llevar a cabo una transformación de la justicia en nuestro país, avanzando hacia un sistema que:

• Ofrezca una tutela efectiva de los derechos garantizando el acceso de todas las personas al sistema de justicia.
• Permita una gestión adecuada de los conflictos: paradigma de la adecuación (jurisdicción + métodos alternativos)
• Garantice la calidad y sostenibilidad: elaborando y aplicando criterios de eficacia y eficiencia.
• Se fundamente en la participación y colaboración de las partes y la ciudadanía para obtener la solución, lo que redunda en cohesión social.

Por lo que aquí interesa, reconoce a la mediación como uno de los métodos adecuados de gestión de conflictos. Junto a la Mediación, el Anteproyecto menciona, sin ningún ánimo exhaustivo, otra serie de métodos a los que sitúa en un plano de igualdad, lo cual ha sido cuestionado desde algunos sectores. Una mirada más atenta desvelará que no puede ser de otro modo, una vez incorporando al sistema de justicia el paradigma de la adecuación.

Conforme a las directrices de la Unión Europea, el texto pretende que estos métodos sean más conocidos, lo que evidentemente redundará en una mayor utilización. Por ello se condiciona el acceso a la jurisdicción al previo intento de una solución amistosa del conflicto. Para evitar que este requisito se convierta en un mero trámite, se confiere a los tribunales facultades para reaccionar ante la falta de colaboración de las partes con la solución pacífica del conflicto.

Las definiciones tradicionales sobre el conflicto lo describen centrándose en el problema, entendiéndose éste como la percepción de incompatibilidad de intereses y objetivos. En realidad, el conflicto interpersonal es un proceso psicológico complejo. Rosales (2021), entiende el conflicto interpersonal como un “sistema de interacciones interpersonales, dinámico y circular, donde se desarrollan procesos intersubjetivos, perceptivos y atribucionales…”. En esta aproximación centrada en las personas y en el papel de las percepciones mutuas en el conflicto, pone de manifiesto la importancia de la intersubjetividad y de la teoría de la mente en la configuración psicológica de cada persona con respecto al conflicto con el otro.

La base psicológica, emocional y cognitivo-afectiva del conflicto nos apunta a que la acción mediadora no puede suscribirse, exclusivamente, a la gestión negocial de los intereses contrapuestos de las partes. La mediación desde una perspectiva, sobre todo, de los modelos humanistas y sistémicos se describe como un procedimiento que va más allá de la actividad de facilitación de una negociación, se espera de la persona mediadora acciones psicoeducativas y transformadoras para cambios en la percepción del otro y en la mejora de la competencias comunicativas y empáticas. Las herramientas fundamentales con las que cuenta la persona mediadora para este cometido son las técnicas de la mediación que en buena parte tienen su origen en los trabajos, entre otros, de las terapias constructivistas, de la terapia estructural familiar, la terapia narrativa, etc. Es evidente que la aplicación de técnicas requiere, en muchos casos, conocimientos de la psicología.

La mediación es un espacio relacional y, por ello, requiere acuerdos relacionales entre las partes, y entre estas y la persona mediadora. Desde la construcción de la “alianza mediadora” hasta la definición de una nueva relación (de coparentalidad, de colaboración, de reconocimiento…), la labor de la persona mediadora puede incluir la identificación de componentes psicológicos dañados o simplemente desactivados durante el transcurso del proceso conflictivo. Y su intervención puede hacer que se pongan en marcha o se restauren. Acordar una mutualidad aceptable, es decir, una definición de la relación que suponga el compromiso explícito de poner en marcha una colaboración con ingredientes de prosocialidad, un pacto de apoyo mutuo o de interés común implica procesos psicológicos de regulación afectiva y estrategias de afrontamiento que es conveniente tener en cuenta en las intervenciones mediadoras.

La formación de las habilidades personales y psicológicas en la persona mediadora son claves, debido a que favorecen el desarrollo de capacidades tan importantes como la imparcialidad, la empatía, las habilidades analíticas, el manejo del proceso y la facilitación de acuerdos (Bronson, 2000). Para este propósito, será esencial fomentar la autoconsciencia y el autoconocimiento en la persona mediadora, a través; (a) de la observación de sí misma, durante el proceso de mediación (ej: cómo se siente y cómo han sido sus intervenciones, qué tan imparcial ha venido siendo, etc.), (b) el análisis y la reflexión de lo observado, y (c) la acciones o decisiones para intervenir de una manera oportuna en el proceso de mediación. Adicionalmente, la capacidad de conexión con uno/a mismo/a como mediador/a, el desarrollo de la comunicación no violenta y la propia gestión de emociones ejerce de brújula para ayudar a cuidar la relación con las personas mediadas y a generar una transformación en su manera de vincularse entre sí. A esta brújula se le suma el desarrollo de una escucha empática fluida que implica una apertura hacia el/la otro/a sin juzgar lo que puedan estar sintiendo, para facilitar acercamientos y acuerdos relacionales que fomenten una cultura de paz.

En definitiva, se trata de ser consciente sobre las propias predisposiciones, ideas, comportamientos que influyen en el proceso, en la relación entre el mediador/a y las personas mediadas, y por ende, en la transformación de la situación conflictiva.

Teniente Coronel Psicólogo de la Guardia Civil, con 20 años de servicio en la Policía Judicial. Fundador de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD; 1995) y de los Equipos Mujer Menor (EMUMEs; 1996). Desde 2015, Jefe de Área de Estudios y Formación en la actual Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Doctor en Psicología. Máster en Ciencias Forenses, y en Psicología Clínica. Autor de artículos científicos y capítulos de libro, e integrante de distintos grupos de investigación científica, sobre aplicaciones de la psicología en la investigación criminal operativa (psicología criminalista): entrevista e interrogatorio, perfiles, detección del engaño, autopsia psicológica, … Al respecto, formador de especialistas de Policía Judicial de la Guardia Civil, y colaborador docente e investigador con diversas Universidades y Fundaciones españolas desde hace más de 20 años.

Teniente Coronel Psicólogo, Jefe de la Unidad de Psicología de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Director de la Oficina de atención a la Discapacidad desde su creación hasta el año 2019. Otros destinos en la Unidad de Apoyo a Heridos y familiares de fallecidos y heridos en acto de servicio de las Fuerzas Armadas, Jefe del Centro de Psicología del Cuartel General de la Armada y Jefe del Gabinete de Orientación Educativa de la Academia General Básica de Suboficiales (Tremp-Lérida). Desplegado en Kosovo en Operaciones de mantenimiento de la paz, es Licenciado en Psicología, en Psicopedagogía y Máster en terapia de conducta y salud y en dirección de recursos humanos. Psicólogo especialista en Psicología Clínica, autor de diferentes publicaciones relacionadas con la discapacidad y con la psicología militar. Profesor y conferenciante en diferentes centros docentes y Universidades, entre los que destaca el Experto Universitario en Psicología de las Organizaciones en Contextos Militares, de la UNED.

Teniente Coronel Psicólogo del Cuerpo Militar de Sanidad. Actualmente Jefa de la Oficina de Atención a la Discapacidad en las Fuerzas Armadas, tras un recorrido de más de 27 años de servicio en diferentes unidades y órganos del MINISDEF. Ha desempeñado, entre otros, el puesto de Jefe de la Sección de Psicología de la Unidad Militar de Emergencias (UME) o el de psicólogo de la Junta Médico Pericial Psiquiátrica, además de haber estado desplegada trece meses en zona de operaciones. Doctora en Psicología y Especialista en Psicología Clínica, posee: Master en PRL, Máster en Gestión de Calidad, Experto en intervención en trauma con EMDR, Curso Superior de Gestión de Catástrofes y Curso Superior de Recursos Humanos. Autora de más de 50 publicaciones. Ha ocupado puestos de profesorado en diferentes universidades y entidades públicas y privadas, siendo colaboradora y conferenciante habitual en foros académicos y profesionales, destacando la codirección del Experto Universitario “Psicología de las organizaciones en contextos militares” de la UNED.

Comandante Psicólogo, Jefe de la Subunidad de Psicología educativa y de la formación en la Inspección General de Sanidad de la Defensa. En sus anteriores destinos ha ocupado la jefatura de la Subunidad de Investigación y estudios de la Dirección de Sanidad del ET y ha pertenecido al Servicio de Psicología de la USBA General Morillo. Desplegado en misiones multinacionales de seguridad  (Afganistán, 2012) y de mantenimiento de la paz (Líbano, 2016). Profesor del Master en Sanidad Militar Operativa (ACD/UAH).  Doctor en Psicología (USC); máster en Psicología de las organizaciones, jurídico-forense y de la intervención social (USC); máster en psicología clínica, legal y forense (UCM); graduado en estudios ingleses: lengua, literatura y cultura (UNED); especialista militar en técnicas estadísticas; experto en estadística aplicada a las ciencias de la salud y en intervención psicológica en crisis, emergencias y catástrofes. Premio de investigación Provincia de Pontevedra 2014. Autor de diferentes publicaciones en el ámbito de la psicología militar.

Teniente Coronel Psicólogo del Cuerpo Militar de Sanidad, Jefe de la Sección Psicología de la Dirección de Sanidad del Ejército del Aire (MAPER) en Madrid. Licenciado en Psicología y Especialista en psicología clínica, Máster en investigación e innovación educativa y Diplomado Universitario en Enfermería. Especialista en Psicología Aeronáutica Militar. Profesor adscrito al departamento de Ciencias jurídicas y sociales de la Escala Superior de Oficiales de la Academia de Artillería en las  disciplinas de Técnicas de Investigación social, Técnicas de mando y humanidades desde el año 2000 hasta julio de 2018. Orientador psicopedagógico del Gabinete de orientación educativa de la Academia de Artillería en calidad de director de dicho órgano educativo. Profesor Asociado Escuela Militar de Sanidad (EMISAN). En la actualidad profesor curso psicología aeronáutica y acceso a la escala de Oficiales CMS especialidad fundamental Psicología. Autor de diferentes ponencias en jornadas, seminarios y congresos.

En esta Mesa se va a contextualizar la psicología militar en España, desde el punto de vista del Cuerpo Militar de Sanidad y, por extensión, de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Para divulgar tanto la existencia de esta salida profesional que tienen los psicólogos en nuestro país desde 1977 cuando se creó el Servicio de Psicología y Psicotecnia de las Fuerzas Armadas (FAS), como para glosar su evolución hacia el ámbito de la salud, y hacer balance de algunos de sus desarrollos actuales más significativos. De este modo, una vez descrito el despliegue de esta especialidad, su estructura, la forma de ingreso, y sus principales cometidos, se detallarán tres ámbitos de actualidad. Por una parte, el papel de la psicología militar en los escenarios de crisis y de emergencias, abordando el modelo de intervención empleado por la psicología militar en nuestro país, tanto en la atención a los afectados, como en la proporcionada a los intervinientes. Por otra parte, se comentará el desarrollo y la aplicación de la psicología jurídica en el ámbito militar, principalmente en su faceta pericial de evaluación de las aptitudes psicofísicas del personal de las FAS, pero también en otros cometidos forenses, penitenciarios y victimológicos. Por último, cerrara la Mesa una ponencia sobre la perspectiva actual de la psicología aeronáutica, revisando la importancia de los factores humanos en este contexto, analizando su situación en el Ejército del Aire, y avanzando posibles proyectos y líneas futuras.

El objetivo principal de esta ponencia es el de contextualizar la psicología militar en el Cuerpo Militar de Sanidad y, por extensión, en las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, para mayor conocimiento de la propia especialidad y un mejor entendimiento del contenido ofrecido por el resto de las ponencias de la Mesa. En este sentido, el devenir histórico, la estructura actual, sus funciones y principales ámbitos de actuación, así como los retos futuros tendrán una importante presencia en esta ponencia.

La psicología militar forma parte, junto con otras especialidades fundamentales como medicina, farmacia, veterinaria, odontología y enfermería, del Cuerpo Militar de Sanidad (CMS). Por la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas (FAS), se creó la especialidad fundamental de psicología del Cuerpo Militar de Sanidad. Una nueva estructura que vino a modificar el encuadramiento que tenía hasta ese momento la psicología en un Servicio de Psicología y Psicotecnia de las FAS, creado por el Real Decreto 2840/1977, de 28 de octubre, y desarrollado mediante el Reglamento del Servicio de Psicología (Orden Ministerial 99/1981) por el que se establecieron sus misiones y se estructuraron sus órganos de planificación y ejecución.

Así, en esta ponencia se detallará también la forma actual de ingreso, en vigor desde mayo del 2000: requisitos de ingreso, tipos de pruebas, ratios, normativa reguladora, etc. Los oficiales psicólogos que ingresan en esta especialidad del CMS, dada la gran variedad de posibles destinos y cometidos específicos, y atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos dentro del Ejército correspondiente (Tierra, Armada o Aire), encuentran un enorme abanico de posibilidades de aplicación de los conocimientos de la psicología dentro de las FAS. Sirva, a modo de ejemplo, citar las aplicaciones en el campo de la selección y reclutamiento, en el ámbito de la salud, evaluaciones con distintos fines, intervención en zonas de operaciones y en emergencias, en actividades de inteligencia, en el entorno psicosocial, en la psicopedagogía, la formación y la investigación, o en programas de intervención de todo tipo, lo que es uno de sus principales atractivos en el reclutamiento de personas que optan a formar parte de esta especialidad.

Si algo caracteriza a las Fuerzas Armadas modernas es que están destinadas a trabajar en escenarios de crisis y emergencias, ya sea en tiempo de paz, o cuando existan conflictos bélicos. De ahí que desde principios del siglo XX ya se empezara a encuadrar intervenciones psicológicas en contextos militares con ocasión de emergencias y catástrofes. Adaptándose en el caso español modelos de intervención, tanto para la atención a los afectados, como en la proporcionada a los intervinientes, basados en los empleados en diferentes países (USA, Rusia, Australia) y por diferentes organismos (OMS, ACNUR, OPS, Handicap Internacional). Configurándose técnicas y procedimientos concretos, como los del programa de preparación psicológica de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Un entrenamiento organizado en diferentes fases (antes, durante y después de la emergencia), y cuyos contenidos están adaptados de programas de entrenamiento empíricamente validos en contextos militares, e incluyen el fortalecimiento y desarrollo de aspectos como afecto, pensamiento y afrontamiento positivos, control del comportamiento, realismo, hardiness, autoeficacia, espiritualidad, altruismo, fortaleza física, experiencia y resistencia al estrés, apoyo socio-familiar, trabajo en equipo e identidad grupal (Bardera, García-Silgo y Pastor, 2014). Las intervenciones que nuestros psicólogos militares llevan a cabo en el ámbito de las catástrofes emergen de la psicología positiva, intentando crear fortalezas y promover la resiliencia en las personas y grupos sobre los que se intervine.

En España se ha venido considerando la psicología militar como una de las ramas de la psicología jurídica. No en vano la psicología militar española moderna comenzó a definirse a mediados del S. XX, cuando en 1953 se creó la Escuela de Psicología y Psicotecnia, de la cual saldrían los primeros Diplomados en Psicología Militar.  El carácter jurídico de la psicología militar deviene de sus actividades periciales, forenses y penitenciarias. Porque no se puede olvidar que en el Derecho español existe una jurisdicción militar, que se extiende a materia penal, tutela jurisdiccional en vía disciplinaria y demás materias que, en garantía de algún derecho y dentro del ámbito estrictamente castrense, vengan determinadas por las leyes, así como las que establezca la declaración de estado de sitio. En este sentido jurídico, una de las tareas fundamentales de los psicólogos militares es la evaluación de las aptitudes psicofísicas del personal militar. Unos reconocimientos que podrán iniciar un procedimiento mediante el cual se determine una posible pérdida total o parcial de las condiciones psicofísicas del personal militar.  Pérdida que, en caso de producirse, podrá derivar en la limitación para ocupar determinados destinos, o incluso el pase a retiro, o la resolución del compromiso en el caso de personal militar temporal. Todo lo cual se dirime en órganos médico-periciales de la Sanidad Militar, como la Junta Médico Pericial Psiquiátrica.

Con el objeto de cumplir las condenas privativas de libertad derivadas de la jurisdicción militar, las FAS disponen de un centro penitenciario específico, que cuenta con oficiales psicólogos destinados, encuadrados en el área de tratamiento, que llevan a cabo las funciones habituales de la psicología en el ámbito penitenciario; incluidas las de realizar todas aquellas evaluaciones e informes que requiera el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Sin olvidar que dentro de los procesos disciplinarios y penales que se desarrollan en las FAS, el militar no solo aparece como victimario, también lo hace, en ocasiones, como víctima. En este sentido han cobrado especial relevancia en los últimos años los casos de acoso tanto laboral como por razón de género, con un importante desarrollo normativo reciente.  Desarrollo normativo que incluye al psicólogo como personal facultativo fundamental en la protección frente al acoso en sus diferentes modalidades. Finalmente, la intervención del psicólogo militar también resulta esencial con víctimas de atentados terroristas que, en el ejercicio de nuestra profesión, habitualmente se producen en el contexto de las Operaciones Militares en el extranjero.

Para finalizar esta Mesa de Expertos, cabe recordar que en la aeronáutica militar concurren una serie de factores que hacen el hecho de volar más complejo, si cabe. Uno de estos factores específicos es que el vuelo militar comporta mayores riesgos, ya que muchas decisiones se toman en condiciones de estrés elevado. Además, los pilotos de aviones militares tienen la gran responsabilidad de utilizar armamento de gran poder destructivo por lo que en caso de error puede provocar consecuencias imprevisibles. Otro elemento importante es que los vuelos en las FAS se realizan en escenarios cambiantes y dinámicos, en los que se llevan a cabo misiones arriesgadas y complejas. Además, es habitual la necesidad de tener que procesar la información de una forma muy rápida, con limitación de tiempo, bajo elevados niveles de estrés y a menudo con información insuficiente, incierta o ambigua. Por tanto, el contexto militar añade mayor dificultad al ya de por si exigente hecho de volar. Que es necesario tener en cuenta para diseñar un plan de entrenamiento integral que contemple todas las variables posibles.

En estos programas de entrenamiento la psicología aeronáutica cobra gran importancia, tanto impartiendo conferencias informativas como participando de forma activa en los entrenamientos del personal con responsabilidad de vuelo de las diferentes unidades. A esto hay que sumar la importancia de la psicología en una adecuada selección y clasificación para garantizar la seguridad en el vuelo y las operaciones militares. Todo ello hace de la psicología aeronáutica un campo apasionante donde existen grandes posibilidades de desarrollo profesional.

Doctora en Psicología Clínica y de la Salud, Profesora Titular de Victimología y directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universitat de Barcelona. Se ha especializado en la temática de la victimología del desarrollo, destacando por su trabajo en el ámbito del maltrato y el abuso sexual infantil. Es asesora de la Oficina Regional Europea de la OMS en el estudio de la violencia infantojuvenil en España, asesora experta de la organización Save the Children, miembro del consejo asesor del Síndic de Greuges de Catalunya, y patrona de la Fundación Vicki Bernadet. Actualmente, es investigadora ICREA Academia 2016 y se encuentra centrada, exclusivamente, en el ámbito de la investigación.

Licenciada en Psicología y Diplomada en Criminología.

Experta Profesional en Maltrato Infantil.

Especialista en Psicología Clínica y en Psicología Forense.

Acreditación Profesional de Psicóloga Experta en Psicología Forense, por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España.

Autora de artículos, ponencias y comunicaciones en diversas actividades formativas en la especialidad de psicología forense.

Profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC.

Miembro de la APF Asociación de psicólogos forenses de la Administración de Justicia.

Miembro Fundador de la Agrupación Inter-profesional en Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia AIDDDIA

Colaboradora de la READ, la Real Academia Europea de Doctores de Barcelona.

Llevo 20 años trabajando como psicóloga forense en la Administración de Justicia, en el IMLCF de Las Palmas.

Actualmente formo parte de la Unidad de Valoración Forense Integral del nuevo Juzgado Especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria.

Es responsable de Políticas de Infancia y Sensibilización de Save the Children en Catalunya desde 2015 y responsable del proyecto Barnahus en España desde 2018.

Desde el 2018 su ámbito de trabajo, investigación e incidencia se ha centrado más en la violencia que sufren los niños, violencia digital, maltrato, bullying, y especialmente en el abuso sexual infantil y en el impulso en España del modelo nórdico de atención a los niños víctimas de violencia sexual, Barnahus.

Lleva 15 años en esta entidad, donde ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos de Educación y de cooperación, conociendo de primera mano realidades que afectan la infancia en diferentes países, como es el caso de la explotación laboral infantil en el Marruecos, los movimientos organizados de niños y niñas trabajadores en el Perú o los niños talibés en Mauritania.

Licenciada en Ciencias de la Información y Comunicación y licenciada en Sociología por la Universidad de Paris y Máster en Sostenibilidad por la Universitat Politécnica de Catalunya.

Durante el estudio de la carrera de psicología desarrollé una visión holística del tratamiento psicológico, convencida de que los animales podían juga un papel crucial en el camino rehabilitador. Dicho convencimiento me llevo a viajar a Australia y Estados Unidos, buscando formación y experiencia en el sector. Allí los delfines y leones marinos me enseñaron a ver a las personas a través de sus ojos, ajenos de juicio.

Ante mi estaba la llave para ir más allá, encontrando la motivación que hace que algunas personas vayan mas allá de los límites: los animales.  Momentos llenos de cambio, llenos de esperanza, a través de nuevas vías de comunicación instintivas.

La realidad del éxito de las Intervenciones Asistidas con Animales me hizo iniciar una aventura que a día de hoy es un hecho consolidado: Dogtor Animal.

Porque creo en lo que hago, porque lo que hago me define y porque este es mi granito de arena para hacer un mundo mejor para las personas y para los animales.

• Licenciada en Psicología. Especialidades de clínica y educativa.
• Psicóloga General Sanitario.
• CAP: curso de adaptación pedagógica.
• Técnico en Lengua de Signos Española.
• Adiestradora de perros de asistencia.
• Técnico en Terapia Asistida con Animales.
• Colaboración como psicóloga en el programa piloto de Terapia Asistida con Delfines en Pet Porpoise Pool (Australia).
• Colaboradora como psicóloga en el programa de Terapia Asistida con Delfines en Island Dolphin Care en Key Largo, Miami (USA)
• Codirectora de Dogtor Animal.
• Formadora en: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Europea de Madrid, UNIA de Andalucía, ISEP Madrid y Barcelona, Universidad de Valencia, Universidad de Villanueva (Madrid).
• Colaboradora en Wamiz como divulgadora de las Intervenciones Asistidas con Animales a través de artículos.

Carla González Pío(investigadora predoctoral), graduada en Psicología (Universidad de Granada), Máster en Psicología Jurídica y Peritaje Psicológico Forense (Universidad Autónoma de Barcelona, UAB) y Máster en Psicología General Sanitaria (Universidad Internacional de Valencia, VIU). Docente en el Máster de Perfilación y Análisis de la Conducta Criminal, en la asignatura de Análisis del testimonio. Experiencia en investigación, en temáticas de análisis del testimonio y polivictimización. Actualmente investigadora colaboradora en el GReVIA de la Universitat de Barcelona. Psicóloga experta en violencia: Servicio de Información y Atención a la Infancia y a la Juventud (Psicojove) y Servicio de Atención a Hombres (SAH). Participación en ponencias y congresos nacionales e internacionales sobre psicología de la salud y psicología jurídica y forense. Experiencia como miembro de la Comisión de Violencia Machista de Castellar del Vallès (Fundación IRES). Perito psicóloga (freelance): Derecho penal y familia. Miembro del Turno de Intervención Psicológica (Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña). Psicóloga general sanitaria (freelance), experta en salud mental y victimología. Integrante del Comité Científico de la Revista Iberoamericana (RIP).

Graduada en Psicología por la Universitat Jaume I de Castelló (2018) y Máster en Psicología Jurídica y Forense por la Universidad de Granada (2019). Actualmente, está cursando el Máster en Psicología General Sanitaria en la Universitat Jaume I de Castellón.

Es investigadora predoctoral del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universitat de Barcelona. Se encuentra realizando el doctorado sobre la intervención con víctimas de abuso sexual infantil desde el modelo Barnahus.

Uno de cada cinco niños y niñas españoles deberá afrontar alguna forma de victimización sexual a lo largo de su infancia, cuya evaluación, en caso de ser denunciada, puede conllevar daños adicionales a su estado emocional. Este fenómeno, conocido como victimización secundaria, se ha vinculado a las múltiples entrevistas que debe afrontar el menor y la desconfianza que percibe de los profesionales ante su declaración, lo que favorece el sentimiento de culpa. La presente mesa de expertos tiene como objetivo presentar aquellas iniciativas nacionales que se están implementando en los últimos años para reducir el riesgo de esta forma de violencia institucional.

La psicóloga Mónica Rincón presentará la experiencia piloto del Juzgado Especializado en la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de las Islas Canarias, la representante de Save the Children-Catalunya Emilie Rivas describirá el proyecto piloto de las Barnahus en Catalunya, la psicóloga Vanessa Carral de Dogtor Animal, explicará el proyecto de Perros de Apoyo a Menores en Juzgados de la Comunidad de Madrid, y las investigadores del GReVIA Laura Andreu y Carla González presentarán un estudio sobre la visión de los profesionales del ámbito judicial nacional sobre la creación de un material escrito para niños y niñas que puede usarse para explicar a las víctimas menores de edad el procedimiento judicial, los profesionales implicados, y su papel en el mismo, con el fin de reducir la victimización secundaria y ofrecer al niño o niña un recurso que le proporcione información y seguridad.

Conscientes de la necesidad de adaptar la justicia a la infancia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó en febrero de este año 2021, la puesta en marcha de un Proyecto Piloto en Las Palmas de Gran Canaria, dada su trayectoria siendo recientemente reconocido con un premio nacional a la calidad de la Justicia por sus mejoras en el ámbito de protección a la infancia. Según el CGPJ el partido judicial cuenta con las condiciones idóneas para implantar la experiencia piloto: Guía de buenas prácticas a la infancia, protocolo de recepción y acompañamiento a las víctimas menores de edad, salas de espera acondicionadas y sala Gesell, entre otras. No obstante, la experiencia piloto del juzgado pretende ir más allá de una mera adaptación de espacios, uso de formularios comprensibles de lectura fácil o grabar la declaración de la víctima. Hoy podemos hablar de la arquitectura de la víctima, de las exigencias técnicas de una grabación de la imagen y el sonido o de espacios fuera de los juzgados que eviten someter a la víctima a múltiples entrevistas y exámenes, a la realidad de cero niños en los Juzgados, con la creación de la casa del niño vinculada al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En la Mesa de Expertos, se explicará el funcionamiento del Juzgado, la metodología y estrategias utilizadas para hacer realidad la adaptación de la justicia a los NNA a través de un novedoso funcionamiento del juzgado, desde la acogida inicial hasta el cierre de la instrucción.

El modelo Barnahus, que significa Casas de los Niños en islandés es un modelo, pionero en España, que da respuesta a las problemáticas generadas por la respuesta actual, reduciendo la multiplicidad de pruebas y agentes que intervienen en el caso, al origen de la victimización secundaria, promoviendo la formación y coordinación entre los profesionales, reduciendo la confusión que generan los diversos protocolos de actuación, protegiendo los derechos del niño y asegurando una intervención adecuada para la víctima y su familia. Además, las Barnahus islandesas incorporaron una nueva herramienta: la realización y grabación de la entrevista forense con el niño víctima por circuito cerrado de televisión ante un representante del ámbito judicial que garantizaba que la prueba fuera válida para el juicio y se configurara como prueba preconstituida.

A finales del año 2018, la Generalitat de Catalunya se comprometió a implementar el modelo Barnahus en su territorio, y en julio de 2020 se inauguró oficialmente en Tarragona, la primera Barnahus en España, un proyecto piloto cuyos resultados del pilotaje serán disponibles en 2022. A raíz de este primer proyecto, varias comunidades se interesaron por el modelo y están iniciando pasos para su implementación. En esta ponencia se presentará el desarrollo del modelo Barnahus y su aplicación a nuestro país.

La presencia de los menores en los Juzgados es una realidad que desvela necesidades específicas por cubrir. Esta investigación aborda la presencia, en las Cortes de Justicia Españolas, de Perros de Apoyo a Menores que funcionan como reductores de factores ansiógenos y como facilitadores de estados emocionales positivos durante las entrevistas forenses o testificaciones. La visibilización de los menores y la oportunidad de acercar una herramienta de protección en estos casos, son los objetivos fundamentales de este Proyecto de investigación buscando aceptar la hipótesis que refiere que la presencia de Perros de Apoyo específicamente adiestrados durante las entrevistas forenses de los menores ejercen una influencia estadísticamente significativa en la reducción de manifestaciones conductuales ansiógenas.

Mediante una metodología cuasiexperimental o de control parcial con la presencia o no presencia del Perro de Apoyo como variable independiente y con, como variables dependientes, los movimientos de canalización emocional, la presencia o ausencia de movimientos compulsivos, inquietud y llanto. La muestra cuenta con un grupo control de 32 sujetos y un grupo experimental de 32 sujetos, ambos de edades entre 6 y 12 años que tuvieron que asistir a los Juzgados para completar una entrevista forense. Los sujetos se distribuyen de manera aleatoria en ambos grupos. Los resultados afirman la hipótesis experimental concluyendo que la presencia de los Perros de Apoyo en sedes judiciales ofrece un apoyo emocional a los menores reduciendo las manifestaciones conductuales ansiógenas. En base a lo cual quedan enmarcados los objetivos de la investigación.

El presente estudio presenta la percepción, los conocimientos y el uso que hacen los profesionales que trabajan en el ámbito penal en nuestro país de herramientas y recursos que expliquen el procedimiento judicial y los agentes que intervienen en él a los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia. El objetivo final es crear un material dirigido a reducir la ansiedad y la incertidumbre de las víctimas menores de edad que deben enfrentar un proceso de justicia penal.

Ofrecer conocimiento y confort a los niños, niñas y adolescentes que se someten a procesos de justicia penal reduce la ansiedad de los mismos y tiene un efecto positivo en el procedimiento judicial. En España, los recursos para llevar a cabo esta preparación de las víctimas menores de edad son escasos. Desde la perspectiva de los 216 profesionales (49 hombres y 167 mujeres), con edades comprendidas entre los 20 y los 76 años (M=42,9; DT=12,0) encuestados, sería necesario elaborar un material dirigido, principalmente, a las víctimas de entre 6 y 12 años; mediante un formato interactivo, que emplee un lenguaje adaptado a la edad de estas víctimas. Este recurso debería explicar el procedimiento judicial paso a paso, el papel del menor en este proceso y las figuras judiciales. La creación de un material que ayude a los niños, niñas y adolescentes a conocer el proceso de justicia penal sería un buen recurso que podría contribuir a la reducción de la victimización secundaria.

Licenciado y doctor en Psicología (Universidad del País Vasco), y Licenciado en Criminología (Universidad de Barcelona). Profesor (acreditado titular) en la Universidad de Barcelona y miembro del Grupo de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV-UB) y del CRIMINA-Risk (Universidad Miguel Hernández). Especializado en violencia de pareja, psicología forense y evaluación de riesgos de violencia. Galardonado en 2014 con el Premio Mariano Yela de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense. Profesor en Máster de Psicología Forense y Criminal (IL3-UB), Máster en Intervención Criminológica y Victimológica y Máster en Análisis y Prevención del Crimen (CRIMINA-UHM), Máster Psicología Jurídica (Universidad Católica de Valencia), Máster en Psicología Jurídica y Peritaje Psicológico (UAB) junto a otros programas internacionales.

Licenciado y Doctor en Psicología, Máster en Criminología, Especialista en Psicología Forense y Experto en Violencia de Género. Desarrolla su actividad en el Área de Violencia de Género, Estudios y Formación en el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior). Miembro del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid y del Comité Asesor de la Unidad de Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de Granada.

Licenciada en Psicología, Máster en Psicología Clínica Legal y Forense, Diplomada en Criminología y Doctoranda en violencia en las relaciones de pareja adolescentes. Psicóloga Forense de la Administración de Justicia, adscrita desde el 2008 al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Burgos, formando parte de la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia de Género. Pertenece a la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica (AIPJ) y a la División PsiJur del Consejo General de la Psicología.

Doctora en Medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Médica Forense con capacitación en psiquiatría forense. Jefa de Sección de la unidad de valoración forense integral de violencia sobre la mujer del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante. Asesora en la elaboración del informe médico por presunta violencia de género/doméstica de la Consellería de Sanidad, incluido en el protocolo PDA. Miembro de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género de la Audiencia Provincial de Alicante.

Subdirectora General Adjunta de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Tiene varios estudios de postgrado, entre ellos, el máster en International Crime and Justice de la John Jay College of Criminal Justice de la CUNY, en Nueva York, que realizó gracias a una beca de posgrado de la Fundación La Caixa. Es miembro de la Unidad Psicojurídica del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid.

La evaluación del riesgo de violencia es una materia en constante desarrollo. En el ámbito español, la violencia de género es, sin duda, el problema al que más recursos se han destinado en materia de evaluación y gestión del riesgo de violencia. Uno de los protocolos más desarrollado en los últimos años, con origen en uso policial pero que se ha extendido a otros contextos, es la herramienta incluida en el sistema VioGén: el Protocolo de Valoración Policial del Riesgo (VPR), con sus distintas versiones de evaluación inicial, seguimiento y homicidio. Es esta mesa de expertos se presentarán los últimos avances en el uso de este sistema de evaluación y gestión del riesgo ahondando, en especial, en el trabajo coordinado entre distintos servicios: fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones penitenciarias, institutos de medicina legal y profesionales de la psicología forense. Las ponencias, desde las distintas vertientes y posturas antes mencionadas, tendrán un eje y objetivo común: mejorar la protección de las víctimas que pasan por el sistema.

Desde el Área de Violencia de Género, Estudios y Formación del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior) se trabaja de manera permanente en mejorar los procedimientos y protocolos del Sistema VioGén. En aras a dar una respuesta más eficaz a esta problemática se precisa de una nueva estrategia multicéntrica en la que se destaca el importante papel que desempeñan los operadores jurídicos, especialmente en lo referido a la actividad profesional de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como los profesionales del ámbito penitenciario, tanto en Procedimiento Ordinario como, de forma muy especial en Medio Abierto y Medidas Alternativas. Se describirá cómo el Sistema VioGén incorporó un Mecanismo de Alerta Temprana denominado Sistema Supervisor de Procesos (SSP) que, mediante un proceso automatizado integrado en VioGén, opera tanto “dentro” de cada Valoración (Intra) como “entre” las distintas Valoraciones a lo largo del tiempo (Inter) y permite ir corrigiendo de forma automatizada incoherencias/contradicciones entre indicadores de una misma valoración o entre unas valoraciones y otras.

Se presentará el proyecto de elaboración una Guía de Juicio Profesional Estructurado que sirva para complementar la evaluación del riesgo policial y ajustar mejor las estrategias de gestión de los casos de mayor riesgo de reincidencia grave y letal. Este proyecto surge de una propuesta de colaboración realizada desde la Secretaría de Estado de Seguridad con la APF. El presente trabajo pretende ser de utilidad tanto para la evaluación del riesgo específica encargada a los psicólogos forenses de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), como para la aportación de estos en las valoraciones integrales de violencia de género elaboradas dentro de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF). Esta Guía se encuadraría dentro de las herramientas de JPE que son las recomendadas para evaluar el riesgo en el contexto forense, ya que permiten ajustar la valoración del riesgo a las características idiosincrásicas de cada caso, así como introducir los conocimientos de los profesionales especializados que las utilizan, manteniendo como factores de riesgo los utilizados en la herramienta actuarial utilizada por la policía VPRH5.0 por su validez empírica. Esta herramienta pretende detectar a los hombres con mayor probabilidad de reincidir grave o letalmente contra su mujer y/o los hijos de ésta; detectar a las mujeres con más probabilidad de retornar con el agresor a pesar de la denuncia y a los menores en riesgo de convertirse en una extensión de la violencia hacia sus madres.

El Ministerio de Justicia elaboró en 2011 un Protocolo de valoración médico-forense urgente del riesgo de violencia de género. Desde 2011 hasta ahora se han desarrollado nuevos estudios científicos sobre la valoración del riesgo (VR) lo que, unido a la experiencia adquirida en su aplicación, a la generalización de la actividad de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) y a las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG), recomendaban una revisión y actualización. Esta comunicación presentará el nuevo protocolo elaborado en 2020 por parte del Comité Científico-Técnico del Consejo Médico Forense. Se plantea como un instrumento que permita elaborar informes sólidamente sustentados que den al profesional seguridad en la toma de decisiones y que ayuden al objetivo final, una mejor protección de las víctimas. Presenta como principal novedad la recomendación de uso, como herramienta actuarial, del formulario “Valoración Forense del Riesgo (VFR)” del sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (VioGén). Se facilita, además, su cumplimentación mediante el acceso al sistema VioGén por parte del personal de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).

La institución penitenciaria lleva años colaborando con la Secretaría de Estado de Seguridad para el intercambio de información respecto a las personas condenadas por violencia de género. Desde el año 2016 se transfiere información entre VioGén y el sistema informático que gestiona las penas de prisión (SIP). Por una parte, cada vez que se graba una nueva alta en el SIP (interno nuevo que ingresa a cumplir condena en prisión), el sistema detecta si está dado de alta en VioGén. En la actualidad se está trabajando en una nueva vía de colaboración respecto a las personas privadas de libertad, en concreto respecto a las mujeres víctimas que aparecen en el sistema. La finalidad es que cada vez que se grabe un nuevo caso de interna en el SIP, VioGén avise de si está presente en el sistema como víctima de violencia de género. Esta información será importante a la hora de gestionar comunicaciones, permisos de salida e intervenciones específicas que puedan requerir estas mujeres. La presente comunicación explicará está coordinación de información entre el sistema VioGén e Instituciones Penitenciarias.

Licenciado y doctor en Psicología (Universidad del País Vasco), y Licenciado en Criminología (Universidad de Barcelona). Profesor (acreditado titular) en la Universidad de Barcelona y miembro del Grupo de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV-UB) y del CRIMINA-Risk (Universidad Miguel Hernández). Especializado en violencia de pareja, psicología forense y evaluación de riesgos de violencia. Galardonado en 2014 con el Premio Mariano Yela de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense. Profesor en Máster de Psicología Forense y Criminal (IL3-UB), Máster en Intervención Criminológica y Victimológica y Máster en Análisis y Prevención del Crimen (CRIMINA-UHM), Máster Psicología Jurídica (Universidad Católica de Valencia), Máster en Psicología Jurídica y Peritaje Psicológico (UAB) junto a otros programas internacionales.

Doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Jefa  de Servicios de programas específicos de tratamiento en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y miembro del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Madrid. Encargada del seguimiento nacional de programas para delitos violentos (PSICOVI), radicalización violenta, régimen cerrado y programa Sermujer. Coautora  de las nuevas iniciativas de tratamiento como el Programa para delincuentes económicos y el Programa para delitos de odio.

Psicóloga del cuerpo superior técnico de instituciones penitenciarias. Jefa de Servicio de Medidas Alternativas, para el seguimiento, coordinación, diseño y asesoramiento en el desarrollo de los talleres y programas de tratamiento en medidas alternativas. Es  coautora  del  programa para delincuentes económicos (PIDECO) y ha coordinado las nuevas iniciativas realizadas desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el ámbito de la Justicia Restaurativa, así como el taller reGENER@R, para hombres condenados por delitos de violencia de género.

Doctora en Pedagogía; experta en Prevención de Drogodependencias por la Universidad de Granada; experta en Investigación Social por la Universidad de Colima, México; Máster en Derechos y Necesidades de la Infancia por la Universidad Autónoma de  Madrid. Profesora Titular del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Granada, Subdirectora del Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos (IPAZ), Coordinadora del Grupo de Investigación de Excelencia “Desigualdad, Derechos Humanos y Sostenibilidad” (DEHUSO).

Licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Especialista universitaria en Psicopatología y salud. Funcionaria del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, especialidad Psicología, centrando su trabajo en áreas específicas cómo Régimen Cerrado y mujer dentro del ámbito penitenciario. Actualmente Subdirectora de Equipo de Observación y Tratamiento en el C.P. A Lama.

La atención a mujeres en ámbito penitenciario se ha visto influenciada por la presencia predominante de varones en muestras delictivas, con una ratio de mujeres inferior al 1:10 en contextos penitenciarios y ligeramente superior en otros contextos. Diferentes líneas de trabajo apuntan a la necesidad de atender a las mujeres con programas especializados. Sin embargo, las bajas prevalencias han dificultado el desarrollo de investigaciones y propuestas para ellas (limitaciones para crear grupos, pocos casos en formas delictivos concretas, etc.). Además, la investigación sugiere el uso de enfoques centrados en el trauma debido a la alta prevalencia de historias de victimización en ellas (superiores a las de sus pares varones y muy superiores a las de la población general). La detección de necesidades desde su primer contacto con el contexto penitenciario es una prioridad desde el punto de vista de la salud y requiere un cribado temprano que permita a las mujeres ser asignadas a los recursos adecuados y programas especializados que cubran sus necesidades terapéuticas y criminógenas. En esta mesa de expertas abordaremos cuestiones vinculadas a la evaluación y el tratamiento de mujeres en contextos penitenciarios, con especial atención a las historias de victimización, las adicciones y la conducta violenta.

Diversas investigaciones revelan que más del 50% de las mujeres presas han sido víctimas de violencia de género.  Por otro lado, se ha señalado la victimización previa como un factor de riesgo más significativo en mujeres que en hombres. Con el presente estudio se pretende visibilizar la violencia de género de las mujeres presas, explorando además su ajuste psicológico y las variables que inciden en el mismo, en una muestra de 96 internas del Centro Penitenciario de Madrid I, de las cuales 49 informaron ser víctimas de violencia de género y otras 47 no serlo. Los resultados ponen de manifiesto que las mujeres víctimas de violencia de género presentan delitos más violentos, tasas más elevadas de procesos de victimización previa y más desajuste psicológico.  Lo que explica que el desajuste psicológico sea mayor son las dificultades de regulación emocional. De cara a mejorar la salud mental de las mujeres maltratadas y además intentar disminuir la probabilidad delitos violentos, desde la Administración Penitenciaria se debe apostar por una intervención psicológica específica, que trabajen las habilidades emocionales y los procesos victimización previa.

La historia de victimización en mujeres presas es significativamente más prevalente que en la población general. Tal es la relación entre victimización y delincuencia femenina que los modelos de análisis criminológico señalan la victimización en ellas como uno de los principales factores de riesgo. La presente comunicación describirá una aproximación al tema en una muestra de 78 mujeres presas en Cataluña. Los resultados mostraron una prevalencia de victimización significativamente superior a la de la población general en distintas formas de violencia. La polivictimización estaba presente en un 18% cuando se trataba de dos formas de violencia y en el 23% cuando eran tres formas. La violencia autodirigida también fue muy prevalente y el 68% había tenido conflictos en prisión. La sola presencia de victimización no marcó diferencias significativas en las escalas clínicas, pero sí la polivictimización (entendida como la presencia de dos o más formas diferentes de victimización; p. ej., violencia de pareja y violencia sexual). La polivictimización se relacionó con una autoestima más baja, más elevaciones en el PAI, mayor impulsividad (BIS), mayor ansiedad en las relaciones interpersonales (ECR) y mayor conducta violenta (PAI). Las variables descritas y relacionadas con la victimización son de especial interés para diseñar objetivos terapéuticos y programas centrados en el trauma.

Según los datos de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (2021), las mujeres en prisión siempre han sido numéricamente inferiores, representando actualmente el 7,4% de la población total penitenciaria. El perfil tipo de la mujer podría situarla entre 31 y 60 años (76%), la mayoría ingresan en prisión por delitos contra el patrimonio (42%) y contra la salud pública (28%) que suponen el 70%. Las mujeres a su ingreso en prisión suelen presentar un estado de ansiedad, impotencia, incertidumbre y sentimientos de culpa por las cargas familiares que han dejado fuera, al ser la persona principal como cabeza de familia (menores a cargo o personas dependientes). Desde esta perspectiva y para atender de forma específica estas situaciones se creó un módulo de ingresos/adaptación, con menor número de internas, para facilitar la adaptación penitenciara y conseguir una adecuada separación interior. En este módulo conviven además de las mujeres que acaban de ingresar en prisión, internas de apoyo y aquellas mujeres que necesiten un periodo de estabilización y acompañamiento en su vida diaria (p. ej. mujeres con enfermedad mental grave, mujeres en protocolo de prevención de suicidio). En esta ponencia, se expondrá brevemente las necesidades específicas que presentan las mujeres a su ingreso en prisión y un modelo de intervención en un centro de mujeres.

En este trabajo se analiza el fenómeno de las drogodependencias en las mujeres condenadas a prisión, al igual que las drogas como motivo de delito, los distintos factores de riesgo y los procesos de intervención orientados al tratamiento e intervención con miradas socioeducativas y de género. Se analizan dos muestras representativas de mujeres (538 en medio ordinario y 310 en medio abierto). Los resultados dejan patente que el consumo de drogas es uno de los factores significativos en los procesos delictivos, en la exposición a situaciones de riesgo y en la comisión de delitos y la reincidencia en mujeres. Las situaciones que rodean las dificultades de la salud mental, los efectos del consumo de sustancias y la problemática del narcotráfico, representan limitaciones o conflictos en la persona, en sus entornos y en sus procesos de preparación para la libertad e reinserción social, para lo cual es importante la identificación temprana y los consecuentes diagnósticos. Todo esto pone de relieve la urgencia y necesidad de implementar programas que aborden de forma integral estas cuestiones, que vayan más allá de una atención medicalizada o de corte exclusivamente psicológica/psiquiátrica, poniendo énfasis en los procesos terapéuticos y la intervención con enfoques socioeducativos y de género, orientados a la prevención de las recaídas y de la reincidencia.

En la presente comunicación analizaremos un caso que representa de forma muy descriptiva el perfil de mujer con conducta violenta en prisión.  Si bien no podemos generalizar las conclusiones extraídas en este caso al resto de la población penitenciaria, sí nos puede llevar a una reflexión acerca de las estrategias de intervención más adecuadas para el tratamiento de la mujer delincuente. Algunas conclusiones derivadas de la intervención con este caso serían: considerar a las participantes como expertas de sus propias experiencias con capacidad para la autorreflexión; el carácter heterogéneo de las participantes dificulta inicialmente la creación de un ambiente relacional positivo, percibiéndose entre ellas muy diferentes; atención al modelo de apego, ya que la mayoría de las mujeres que ingresan en prisión han tenido modelos de apego inseguros estableciendo de adultas relaciones dependientes, con excesiva sensibilidad al rechazo y necesidad de aprobación; cuidado con la técnica de confrontación con aquellas mujeres que han sufrido un proceso de victimización, pues puede dañarlas y provocar el rechazo al tratamiento; introducir la perspectiva de género en todas las intervenciones con mujeres.

Dr. en Psicología. Universidad de Barcelona. Prof. Agregado de Psicología Criminal. Departamento de Psicología Social. Univ. Barcelona. Prof. De Psicología Criminal, de Psicología Judicial y Criminología Avanzada (Máster Oficial en Criminología) Fac. Derecho. (Fac. Derecho) y de Psicología Jurídica (Fac. Psicología). Univ. Barcelona. Director Master: Perfilación y Análisis Conducta Criminal. Univ. Barcelona. Fundador y Ex Director Master: Psicología Jurídica y Peritaje Forense. Univ. Autónoma Barcelona. Perito psicólogo forense en los ámbitos penal, civil y militar. Perito oficial en Tribunales Eclesiásticos.

• Manuales publicados (recientes):

Violencia contra los animales y delitos violentos (2020). Pirámide.

Estudios científicos perfilación y análisis conducta criminal (2019). Onorati.

Criminología, criminalística e investigación (2018). GDL.

Perfilación geográfica (2016). Pirámide.

Perfilación y análisis conducta criminal (2015). Pearson.

Violencia y homicidios familiares (2014). Logos.

Manual de Psicología jurídica, forense y criminal (2011). Univ. Barcelona. 

• Artículos publicados (entre otros):

Victimización secundaria en víctimas de trata sexual durante el procedimiento judicial penal.

Homicidios de pareja: explorando las diferencias entre agresores inmigrantes y españoles.

Principles of geographical profiling.

El desafio terrorista para la perfilación criminal.

Pornografía infantil on line: una revisión literaria de enfoque cultural.

Psychological Motivational profile of a serial killer “mercy-hero” vs. Power/control type.

Crime scene’s violence in homicide within the couple.

Expressive partner homicides in spain: differences according to agressor’s sex.

The Association Between Stalking and Violence in a Sample of Spanish Partner Violence cases.

Filicidio, infanticidio y neonaticidio: estudio descriptivo de la situación en España entre 2000-2010.

Psychosocial Development on the Genesis of a Serial Killer “Mercy-Hero” Type.

Sadismo sexual y fantasia en el agresor sádico.

Efectividad de la mediación familiar en casos archivados de violencia de genero.

Female Sex Offender. Risk factors, characteristics and criminal behaviour.

Effectiveness of clinical assessment in Spanish forensic practice: detecting malingered psychological sequelae in victims of intimate partner violence.

Profesora Titular. Universidad de Barcelona. Directora de la Cátedra Universidad de Barcelona-Fundación ADECCO para la Integración Laboral de Personas con Discapacidad. Internal Coordinador del Master Erasmus Mundus in Work, Organizational and Personnel Psychology (WOP-P). Scholar por la Universidad de Portland (EEUU), Florida Institute of Technology (EEUU) y otras. 

Agente Mayor del Cuerpo de Agents Rurals de Catalunya (Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya). Miembro del Grupo de Investigación PACC de la Universidad de Barcelona.

Criminóloga. Máster en Perfilación y Análisis de la Conducta (UB). Máster en Criminología y Delincuencia Juvenil (UCLM). Profesora del Máster PACC (UB). Investigadora en delitos violentos, especialmente homicidio y maltrato animal.

Médica y criminóloga. Directora del Observatorio de Violencia hacia los Animales. Profesora del Máster PACC (UB). Miembro de la NSA, NCOVAA y del Grupo de trabajo sobre violencia contra los animales del FBI-NIBRS. Miembro del Proyecto VioPet.

Catedrática de Psicología Social. Profesora de Psicología Jurídica en la Facultad de Psicología y de Derecho de la Universidad de La Laguna. Ha desarrollado su investigación en tres líneas: comportamiento delictivo de adultos y jóvenes, comportamiento de jurados y profesionales de la administración de justicia, y comportamiento anti-ecológico ilegal.

La mesa de expertos pretende poner de manifiesto científico y profesional, la relevancia de los animales con diversos ámbitos relacionados con la psicología jurídica y en concreto el medio ambiente, su utilidad en la investigación criminal o la práctica forense. Tradicionalmente el rol del animal doméstico o no, se sitúa como un elemento secundario en algunos delitos, pero actualmente se le considera en si mismo un delito violento, pero además adopta una estructura transversal con otros muy diversos, desde abuso infantil, crimen organizado online o apuestas ilegales.

En primer lugar, se analizará el rol positivo del vínculo humano-animal como medio formativo dirigido a personas con discapacidad intelectual.

La segunda participación aborda la violencia contra los animales como una conducta anti-normativa como un delito propio situado dentro del medio ambiente, pero también como elemento transversal de diversos crímenes violentos.

En tercer lugar, sitúa en el contexto de los delitos asociados al medio ambiente analizando en concreto el furtivismo, sus tipologías, funciones y los procesos básicos de análisis criminal.

A continuación, se aborda en concreto el delito de violencia sexual contra los animales como aspecto tradicionalmente oculto por factores culturales, como delito en sí mismo y asociado a otros, especialmente el material indecente de menores.

Finalmente, se desarrolla la vinculación del maltrato animal con la violencia de género, tras describir el programa VioPet, se analiza su relevancia en el confinamiento, su constitución como factor básico en el apoyo emocional de las víctimas facilitándoles el abandono de la relación abusiva.

Esta comunicación tiene por objetivo presentar la experiencia formativa dirigida a personas con discapacidad intelectual, desarrollada en el marco de la Cátedra Universidad de Barcelona-Fundación Adecco para la Integración Laboral de Personas con Discapacidad, en el marco de la Convocatoria para el Desarrollo de Programas Universitarios de Formación para el empleo, dirigido a jóvenes universitarios con discapacidad intelectual inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil (ONCE).

En la actualidad estamos impartiendo la segunda edición del curso, lo que resulta una experiencia pionera en la Universidad de Barcelona, dado que es la primera vez que alumnos y alumnas con un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33%, reciben una titulación universitaria en esta institución.

El objetivo de este curso es contribuir a la empleabilidad de los jóvenes con discapacidad intelectual en aquellas actividades, ya sean del ámbito público y/o privado, que tengan por interlocutores usuarios, ciudadanos, y/o clientes.

En concreto, en el marco de esta formación, además del desarrollo de las competencias específicas, se presta una especial atención al desarrollo de las competencias transversales, la gestión de emociones y afectividad, así como el manejo del conflicto, en aras de ayudarles a establecer relaciones proactivas y positivas, que favorezcan unas relaciones interpersonales y con animales sanas y enriquecedoras, tanto en el contexto laboral como personal.

Esta experiencia supone todo un reto para el equipo docente, ya que, si bien la mayoría forman parte de Grupos de Innovación Docente, en ningún caso han tenido experiencia docente con este colectivo.

El concepto de furtivismismo, aparece cuando el hombre decide imponer normas sobre la caza y la propiedad de los animales cazados. Entendiendo que los animales salvajes cuando están en libertad son un bien común, pero que cuando se quiere realizar un aprovechamiento de estos pasan a tener propiedad.

En la actualidad el furtivismo sigue siendo una lacra que diezma la fauna y afecta de forma significativa al medio ambiente.

La práctica del furtivismo es un acto que realizan mayoritariamente los varones.  Aunque por ejemplo en la recolección de marisco de forma ilegal, se pueden encontrar hombres y mujeres

Asimismo, respecto a la edad depende mucho del tipo de caza o pesca que realiza la persona. Entre los tipos podemos destacar:

• De subsistencia.
• Por protección de cultivos o animales de granja.
• Acumulación de trofeos.
• Comercio con las piezas, partes o carne.
• “Gamesmanshiip” Estos perfiles seguro que no son todos los que nos podemos encontrar pudiendo existir muchos más.

La caza furtiva no es un problema local, sino un problema a nivel internacional.

Como caso en que se aúnan la captura ilegal de especies y maltrato se comentará una sentencia pionera en España donde se condena a un cazador que había colocado jaulas trampas para la captura de mamíferos salvajes, capturando un zorro, que dejo sin comida ni agua y que se sacrificó, debido al estado del animal cuando se intervino.

La Criminología es una ciencia muy rica, con múltiples objetos de estudios y diferentes marcos teóricos que la sustentan. Una de ellas es la criminología verde o Green Criminology (GC), encargada del estudio de los delitos y perjuicios cometidos contra el medio ambiente. Es en este contexto teórico en el que se enmarca la violencia contra los animales.

Pese a que el maltrato animal ha sido y sigue siendo una de las conductas criminales más infravaloradas y menos estudiadas, la producción científica en los últimos años ha impulsado una mayor concienciación y sensibilización sobre el tema, así como movimientos sociales, políticos y asociacionistas. Dentro del maltrato contra los animales, la violencia sexual ejercida por parte de las personas contra éstos es todavía más desconocida y se desconoce su prevalencia. Ello, sumado al desconocimiento de los tipos de maltrato sexual y al empleo sinónimo de conceptos teóricos diferenciados, complica todavía más la investigación de este objeto de estudio.

Publicaciones recientes evidencian empíricamente la asociación entre violencia interpersonal y violencia sexual contra los animales, constituyendo este último, uno de los principales indicadores de violencia entre las personas.

Tareas como el estudio en profundidad del tema y la prevención centrada en la educación desde edades muy tempranas constituyen de los principales retos dentro del estudio de la violencia contra los animales.

Ante la inminente entrada del primer Estado de Alarma (marzo 2020), el Ministerio de Igualdad elaboró un Plan de Contingencia. El Plan de Contingencia desarrollaba una serie de medidas de carácter estratégico y operativo para ayudar a prevenir, controlar y minimizar las posibles consecuencias negativas en las vidas de muchas víctimas de violencia de género a raíz de las medidas de confinamiento.

El Plan de Contingencia contaba con un espacio seguro para que las mujeres que deben entrar en una casa de acogida o un recurso de emergencia y no tienen con quién dejar a sus animales, puedan hacerlo gracias a la Dirección General de Derechos de los Animales, que coordina el Programa VioPet.

La restricción de interacciones sociales aumenta el vínculo con los animales, punto clave que debemos comprender para evitar ejercer violencia institucional. Durante el confinamiento se ofrecieron cerca de 900 casas de acogida particulares y unas 30 asociaciones colaboradoras. Según datos del Ministerio de Igualdad, desde que empezó el confinamiento el número de llamadas y consultas online registradas por el 016 de atención a víctimas de violencia machista creció un 47%. Entre ambas vías se registraron 17.022 peticiones de asistencia, 5.447 más que en el mismo periodo de 2019. A ello hay que sumarle las 1.678 consultas hechas al servicio de apoyo emocional y psicológico de Whatsapp.

La valoración del Programa VioPet resulta muy positiva por parte de las supervivientes ya que los animales son considerados miembros de la familia y este abordaje respeta esta consideración.

El maltrato animal es un delito contra el medioambiente, tipificado en art. 337 del Código Penal que forma parte del Capítulo IV De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, tras la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015.

Estudiar el maltrato animal como un delito ecológico implica prestar atención a la conducta de maltrato en sí misma, y no como un síntoma de constructos psicopatológicos o de personalidad como predictores de la conducta delictiva adulta si son diagnosticados en la infancia y la adolescencia. En la mayoría de las culturas se permite matar y/o causar sufrimiento a algunos animales, pero no hay unanimidad acerca de a qué animal ni de qué conductas están permitidas. Esto es así porque el maltrato animal se define, no en términos del sufrimiento del animal ni de la intención del agresor, sino de la valoración social del hecho, que es un juicio multidimensional y complejo.

Es cierto que el maltrato animal, al tratarse de una conducta violenta, puede formar parte de un patrón más amplio de violencia. Pero esto no quiere decir que exista progresión desde el maltrato animal a la violencia interpersonal.

Los estudios científicos sugieren dos cosas. Primero, que hay muchas personas que han maltratado a los animales sin que hayan sido detenidos ni condenados jamás por esta ni por otra conducta violenta y, segundo, que hay muchísimos más casos de maltrato animal de los que se castigan legalmente.

Mila Arch es doctora en psicología, experta en psicóloga forense, profesora lectora en la Universidad de Barcelona y profesora colaboradora del grado en Criminología la Universitat Oberta de Catalunya.

Ha publicado numerosos artículos científicos en revistas indexadas, así como en otras publicaciones y diversos capítulos en libros tanto del ámbito psicológico como jurídico. Asimismo, ha realizado más de un centenar de contribuciones científicas en Jornadas y Congresos nacionales e internacionales.  Entre algunas de las ultimas publicaciones se encuentran, entre otras: Abel. X., Arch, M., Muñoz, J.M, y Viñas, D. (2019) El informe pericial psicológico en los procedimientos de familia: indicaciones para facilitar su valoración pericial. Revista de Derecho de Familia: Doctrina, Jurisprudencia y Legislación, 85, 27-48.; Fabregas, M., Arch, M., García-Arch, J., Segura, J., & Pereda, N. (in press). Assessment criteria in relocation cases: An exploratory study of Spanish family court judges. Journal of Child Custody, así como la participación en las obras colectivas publicadas en 2019: La audiencia del menor en los procesos de familia (SEPIN) y Hacia un proceso penal más reparador y socializador: avances desde la justicia terapéutica (Dykinson)

Ha participado en diversos proyectos de investigación, en la actualidad, en los desarrollados por del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y del Adolescente de la Universidad de Barcelona (GReVIA), del que es miembro activo.

A lo largo de su trayectoria ha formado parte de diversos comités y ostentado varias representaciones destacando, entre otras, la Presidencia de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (2010-2018) y la Presidencia de la Comisión Permanente de la Comisión Deontológica Estatal (2017-2018), asimismo, ha sido miembro de reconocido prestigio de la Junta Directiva de la división de psicología jurídica del COP (2015-2018). Actualmente, es miembro de la Comisión de ética y deontología de la SEPJF.

La ruptura conyugal es una realidad cotidiana que requiere de un abordaje especifico por parte de los operadores jurídicos, muy especialmente, en los casos en los que existen hijos menores de edad.

Asimismo, resulta evidente que un adecuado abordaje de estas situaciones requiere, preferentemente, de directrices obtenidas desde una perspectiva multidisciplinar que pueda contribuir al mejor desarrollo de los procedimientos en el ámbito de familia, pero, sobre todo, a tratar de garantizar la protección del/los menores implicados/as.

En esta mesa de expertos, desde una perspectiva aplicada,  se presentarán las conclusiones y propuestas derivadas del Seminario interdisciplinar en derecho de familia, que bajo la dirección y coordinación del magistrado Ilmo. D. Xabier Abel, está dedicado al estudio de cuestiones específicas de especial interés para la mejor protección del/los menores en los procedimientos de familia y al estudio y análisis de problemáticas específicas de las familias implicadas a fin de intentar ofrecer respuestas eficaces que puedan facilitar una adecuada resolución positiva de los procedimientos.

Los informes periciales sobre aptitudes, actitudes y habilidades parentales de los progenitores y sobre el estado psicológico, situación emocional, necesidades e intereses de los niños, niñas y adolescentes en las rupturas familiares aportan datos muy relevantes para poder adoptar una buena decisión acerca de la organización familiar post ruptura. Las expectativas que generan en todos los intervinientes son altas y en ocasiones se ha llegado a afirmar que son decisivos.

¿Cómo se valoran por la autoridad judicial? ¿cuáles son las normas o pautas de valoración? ¿qué datos se tienen en consideración o se entienden necesarios? ¿qué pasa cuando hay dos informes periciales contradictorios? ¿cuál es la intervención del o de la perito en el procedimiento?

Estas y otras cuestiones deben ser abordadas desde una perspectiva interdisciplinar que se estima imprescindible. Es importante que las personas que emiten informes periciales conozcan como se incluyen los informes en el proceso y cuáles son los criterios judiciales de valoración, las denominadas reglas de la sana crítica y es importante que los tribunales entiendan y sepan interpretar el contenido de estos informes, las distintas metodologías aplicables posibles, las diferentes técnicas de evaluación, en definitiva la razón de ciencia de sus conclusiones para que puedan servir al fin para el que se proponen o solicitan.

En los procedimientos de separación, nulidad matrimonial y divorcio y en las crisis de parejas no matrimoniales, los derechos de los hijos e hijas menores de edad pueden verse vulnerados. Por ello es imprescindible que todas las personas profesionales que intervienen en el procedimiento judicial, autoridad judicial, fiscalía, abogacía y equipos psicosociales, se coordinen y adopten cuantas medidas sean necesarias para garantizar la máxima protección de los niños, niñas y adolescentes que, sin ser parte del proceso, resultan afectados por el mismo.

La cotidianidad en los juzgados de familia nos lleva a una serie de supuestos, cada vez más frecuentes, que constituyen nuevas realidades sociales que se alejan de la estructura clásica de familia.

¿Son estos modelos alternativos de familia, supuestos de familias reconstituidas?

Partiendo de una serie de casos reales se trata de analizar dónde tienen su encaje, ofreciendo respuestas a cuestiones cómo:

¿Debemos limitarnos cuando hablamos de familias reconstituidas al modelo exclusivamente de una nueva pareja hombre/mujer con la que se inicia una nueva convivencia tras la ruptura, ya sea con hijos propios, de la nueva pareja o incluso comunes? ¿podemos incluir otras realidades que se configuran también como una nueva forma de convivencia familiar con los menores, pero con connotaciones diferentes? ¿Cuál sería el papel deseable para desempeñar en este marco por los distintos profesionales? Y ¿qué avances se pueden apuntar al respecto? ¿Qué importancia, y problemática, presentan la diversidad como factor multicutural y la globalidad?

Francisca Expósito Jiménez, Doctora en Psicología y Catedrática de Psicología Social de la Universidad de Granada.

Sus principales líneas de investigación versan sobre cuestiones de Género: Discriminación, Sexismo y Violencia de Género, y sus implicaciones jurídicas. Ha impartido curso de sobre cuestiones relacionadas con la Violencia de Género y la Ps. Jurídica en diferentes universidades nacionales e internacionales.

Miembro de 14 proyectos de Investigación del Plan Nacional (I+D+i), ha sido IP en 4 de ellos, en temas relacionados con la discriminación y/o la violencia de género.

Cuenta con numerosos artículos de investigación publicados en revistas relevantes en el área, 5 de ellos entre las 10 mejores del mundo y que se han convertido en un referente en Sexismo y Violencia de Género. Los datos de citación e impacto sitúan uno de mis trabajos (Journal of Personality and Social Psychology, 2000) entre el 5% de los artículos más citados a nivel internacional (ISI Web of Science).

Autora de más de 300 trabajos, entre artículos en revistas, 4 Manuales para la transferencia del conocimiento, más de 20 capítulos de libros científicos, ponencias o comunicaciones a Congresos, la mayoría de ellos internacionales de reconocido prestigio (General Meeting of the Association of Experimental Social Psychology, Society for the Psychological Study of Social Issues o el Meeting of the Society for Personality and Social Psychology).

Directora de numerosos Programas de intervención psicosocial como el “Programa sobre Reeducación con Agresores de Violencia de Género” en Andalucía, desde 2015, desarrolla el Programa UGR de Intervención Psicosocial con niños/as y sus madres víctimas de Violencia de género en la Universidad de Granada y coordina el Programa de “Mediación en la resolución de conflictos de Familia” en la clínica Psicológica de la UGR desde hace más de dos décadas.

Dra. Ana Vidu actualmente es investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad de Deusto, y ha conseguido un competitivo contrato postdoctoral Marie Sklodowska-Curie en la Universidad de California, Berkeley (Departamento de Sociología) y de regreso a Deusto, para seguir investigando redes y mecanismos de solidaridad para prevenir y dar respuesta al acoso sexual en las instituciones. La Dra. Vidu ha sido asistente editorial de International Sociology (revista de la ISA, indexada en JCR, Q3) de 2015 a 2020. También es miembro de la ESA y de su RN33: Women’s and Gender Studies; así como de la International Sociological Association, entre otras asociaciones, como la Asociación Europea de Mujeres Juristas. Recibió el Premio Extraordinario de su Licenciatura y también fue Premio Extraordinario de Master, en Sociología. Su tesis doctoral aportó conocimientos científicos pioneros en España sobre el tratamiento de una de las primeras denuncias contra un profesor por acoso sexual en la Universidad de Barcelona, ​​comparándola con la primera denuncia en la Universidad de Berkeley. Fue cofundadora de la «Red solidaria de víctimas de violencia de género en las universidades» (creada en 2013), reconocida como «buena práctica» por la Fundación de Mujeres del Observatorio de Igualdad. Ha participado en múltiples congresos internacionales, proyectos de investigación competitiva y ha publicado numerosos artículos sobre violencia de género, consentimiento, acoso sexual de segundo orden, en revistas top como Qualitative Inquiry, Frontiers in Psychology, Sexuality Research and Social Policy o Masculinities and Social Change.

EXPERIENCIA PROFESIONAL Programa de Mediación Penal extra e intrajudicial. Coordinación con Fiscales, Jueces, Equipos Técnicos, recursos y otras instituciones. Procesos de mediación, elaboración y emisión de informes. Realización de memorias anuales y elaboración e implementación de programas.

SERVICIO DE MEDIACION PENAL DE MENORES. ASOCIACION IMERIS. 2008-ACTUALIDAD. Psicóloga/ Mediadora Evaluación y planificación de la intervención individual, familiar, domiciliaria y comunitaria. Elaboración de informes, coordinación con recursos, PROGRAMA DE EJECUCION DE MEDIDAS JUDICIALES EN MEDIO ABIERTO Y ABSENTISMO ESCOLAR ASOCIACION IMERIS. 2003-2008 Psicóloga FORMACIÓN ACADÉMICA LICENCIADA EN PSICOLOGIA Universidad de Granada 1995-2000 MÁSTER EN MEDIACION INTERCULTURAL Universidad Personal 400H Inscrita en el Registro de Mediadores de la Junta de Andalucía. Inscrita en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia

COMUNICACIONES Y ARTÍCULOS: Congreso Internacional de Infancia en Contextos de Riesgo, Huelva 20-22 de Noviembre de 2014. “REFLEXIONES EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL CON MENORES” V Congreso para el estudio de la Violencia contra las Mujeres, Sevilla 10 y 11 de Noviembre de 2014. “ABORDAJE DEL CIBERBULLYING DESDE LA MEDIACIÓN PENAL JUVENIL” VII Congreso Nacional de Justicia Penal Juvenil, Jaén 2 y 3 de Diciembre de 2015. «LA MEDIACIÓN PENAL JUVENIL: HACIA LA GESTIÓN CONSTRUCTIVA DE LOS CONFLICTOS ENTRE IGUALES».

Dra. María Prieto Ursúa, Profesora Propia Agregada en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Departamento de Psicología.

Acreditado como Profesor Doctor de Universidad Privada, ACAP

Sexenio de investigación vivo  (año de concesión: 2015)

OrCID: http://orcid.org/0000-0001-7562-0923

Algunas publicaciones relacionadas con el tema, últimos 5 años:

Prieto, M. (2017). Perdón y Salud. Introducción a la Psicología del Perdón. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Universidad P. Comillas. ISBN: 978-84-8468-692-7

Prieto-Ursúa, M., Jódar, R., Gismero-Gonzalez, E., Carrasco, M.J., Martínez, M.P. & Cagigal, V. (2018). Conditional or Unconditional Forgiveness? An Instrument to Measure the Conditionality of Forgiveness. The International Journal for the Psychology of Religion, 28(3), 206-222.

Gismero, E., Jódar, R., Martínez, M.P., Carrasco, M.J., Cagigal, V. y Prieto-Ursúa, M. (2020). Interpersonal Offenses and Psychological Well-Being: The Mediating Role of Forgiveness. Journal of Happiness Studies, 21(1), 75-94. https://doi.org/10.1007/s10902-018-00070-x

Bastida, C. y Prieto, M. (2020). Claves para una entrevista con víctimas de abuso sexual en la infancia. Miscelánea Comillas, 78(153), 721-742.

Gallo-Giunzioni, K.; Prieto-Ursúa, M.; Fernández-Belinchón, C.; Luque-Reca, O. (2021). Measuring Forgiveness: Psychometric properties of the Heartland Forgiveness Scale in the Spanish population. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 45. https://doi.org/10.3390/ijerph18010045

Martínez, M.P., Caperos, J.M., Prieto-Ursúa, M., Gismero, E., Cagigal, V., y Carrasco, M.J. (2021). Victim’s perspective of forgiveness seeking behaviors after transgressions. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.656689

Ordóñez, A. y Prieto-Ursúa, M. (2021). Forgiving a genocide: Reconciliation processes between victims and perpetrators in Rwanda. Journal of Cross-Cultural Psychology, 52(5), 427-448. https://doi.org/10.1177/00220221211020438

Prieto, M. (2021). It is possible to forgive child sexual abuse? Frontiers in Psychology, 11:619597. doi: 10.3389/fpsyg.2020.619597

María Fernández Capo, Doctora en Psicología por UIC Barcelona. Profesora adjunta del área de Psicología. Directora del Grado en Psicología de UIC Barcelona.

Es la investigadora principal de un grupo SGR sobre Personal Strengths. Su línea de investigación principal en los últimos años es el perdón como fortaleza del carácter en las relaciones interpersonales.

Su grupo de investigación ha validado varios instrumentos de evaluación del perdón al castellano y en la actualidad, investigan sobre este tema desde el punto de vista del ofensor, el perdón a uno mismo, el perdón al final de la vida y el perdón en segundas víctimas.

También realiza intervenciones grupales sobre el perdón a través del método REACH en la Clínica de Psicología y Psiquiatría SUPPORT, perteneciente a UIC Barcelona.

– Licenciada en Psicología por la Universidad de Granada.

– Máster en Psicología de la Intervención Social.

– Doctora en Psicología por la Universidad de Granada.

– Premio de investigación “Juan Huarte de San Juan” otorgado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental (COPAO).

– Publicaciones en diferentes revistas científicas.

– Divulgación de resultados de investigación en diferentes medios.

– Varias estancias de investigación en la Universidad de Bérgamo y en la Universidad Católica de Milán.

– Diversas participaciones en congresos de carácter nacional e internacional.

– Participación en diferentes proyectos de investigación.

– Desarrollo de talleres de formación en centros de enseñanza secundaria.

– Actualmente, profesora sustituta interina del departamento de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la Universidad de Granada.

El interés social busca un modelo penal objetivo y neutral que proteja la convivencia y bienestar, así como provea de derechos sociales e individuales a las personas a las que ampara. Sin embargo, la insatisfacción en cuanto a la eficacia de estos modelos despierta la disposición a la solución del conflicto desde una función más rehabilitadora y reparadora, más allá de las que se contemplan en los sistemas de justicia tradicionales.

La Justicia Restaurativa supone un proceso donde las partes involucradas- como son el victimario, la víctima y la comunidad, buscan y dan solución colectivamente al conflicto teniendo en cuenta las consecuencias del delito y sus implicaciones en el futuro. La finalidad de este proceso es atender las necesidades y responsabilidades tanto a nivel individual como colectivo y lograr la integración de la víctima y del/la infractor/a en la comunidad a través de la reparación, restitución o el servicio a la comunidad (Arocha et al. 2018). Este planteamiento jurídico incluye los siguientes principios: reparación o compensación del daño; reconciliación o encuentro entre las partes para restablecer la relación o abordar una solución pacífica para el conflicto; intervención mínima, con tal de recudir el volumen de expedientes que pueden resolverse mediante procesos judiciales; y social, fomentando la participación de los distintos agentes que componen la comunidad (Álvarez, 2008).

Las prácticas o técnicas llevadas a cabo en los procesos de justicia restaurativa, abracan un amplio abanico de posibilidades como son: Mediación víctima-infractor; Conferencias comunitarias; Círculos de paz; Restitución y servicios comunitarios; Círculos de apoyo; Conciliación post-judicial. Todas esta practicas parten de dos premisas esenciales, como son el hecho de que el trasgresor sea capaz de responsabilizarse de sus actos e intente reparar el daño producido y, por otra parte, las víctimas sean capaces de dar un cierre a este episodio (Kennedy et al., 2018)

En esta mesa de expertos, abordaremos desde diferentes prácticas, el tratamiento de situaciones que han supuesto un conflicto, trasgresión o delito, en diferentes contextos sociales (interpersonal, relacional, laboral o social).

Comprender el acoso sexual desde una perspectiva amplia implica analizar la violencia de género aisladora (conocida como Isolating Gender Violence-IGV) y sus implicaciones sociales y legales. Si bien las acciones de prevención y respuesta a la violencia sexual se han abordado ampliamente durante las últimas décadas con el objetivo de proteger a las víctimas directas, el papel de la IGV y su legislación es clave para la superación de la violencia de género en todos sus ámbitos y esferas. Esta ponencia aportará conocimiento sobre la trayectoria de la realidad de la violencia que sufren las personas que apoyan a las víctimas, hasta el momento actual de convertirse en ley por primera vez, como violencia de segundo orden; así como resaltar la importancia de este hecho para el acceso a la justicia de las víctimas y la superación del acoso del que han sido víctimas.

La trayectoria de la Asociación IMERIS en el campo de la prevención y la intervención con menores en riesgo social, ha llevado al diseño y puesta en marcha de diferentes estrategias para abordar el amplio abanico de problemáticas que presenta este colectivo. Esta adaptación ha ido de la mano con el cambio de paradigma de la Justicia, evolucionando hacia un concepto más integrador, restaurador y terapéutico. Desde la Mediación Penal Juvenil, este nuevo concepto de Justicia se centra tanto en la persona menor infractora como en la víctima y no solo en el conflicto en sí, sino en la restauración del bienestar emocional de ambas partes tras la solución del conflicto.

El desarrollo metodológico de la Mediación Penal Juvenil se basa principalmente en la legislación española vigente en la actualidad. No obstante, la esencia de cada uno de estos procesos, difiere de todos los demás en base a las necesidades e intereses de cada una de las partes, el propio desarrollo del proceso y los acuerdos alcanzados para la restauración del daño. Esta “restauración del daño”, no solo incluye lo material (económica por daños materiales y/o personales). Atiende, principalmente, a la reparación moral y emocional como necesidad básica a cubrir, tanto para la parte perjudicada como para la propia persona menor infractora. Durante el proceso de mediación, a través diferentes herramientas, va a permitir que víctima y persona menor infractora puedan resolver los aspectos que se entremezclan en el conflicto: los posibles daños físicos y/o materiales provocados y la vivencia del perjuicio emocional sufrido, restaurando el daño emocional en la víctima. Desde nuestra experiencia adquirida a través de la labor realizada desde el Servicio de Mediación Penal de Menores venimos comprobando cómo el trabajo a desarrollar con la víctima desde la atención a sus necesidades, la escucha activa, no sólo proporciona que se le dé el protagonismo y la atención que las víctimas reclaman y necesitan, sino que también tiene un efecto con alto potencial y valor educativo y pedagógico con respecto a la población menor infractora

Las consecuencias del abuso sexual en las víctimas, especialmente en menores, han sido ampliamente descritas. Además de los desórdenes mentales y trastornos que se pueden desarrollar a corto, medio y largo plazo, se ha descrito en profundidad su experiencia vital, señalándose tres características comunes en las víctimas: la estigmatización, la sexualización traumática y un estado de indefensión y falta de control, en el que se extrema la percepción de la propia vulnerabilidad y victimización. Si el abuso se ha producido por parte de un adulto de su confianza, a estas experiencias se le suma una cuarta, un sentimiento profundo de traición, pérdida de confianza en los demás y un miedo exagerado al rechazo y al abandono, junto con una experiencia de culpa y vergüenza y una gran dificultad para establecer vínculos sanos. Por último, algunos autores han descrito una última consecuencia, añadida en la experiencia de aquellos casos en los que el abuso lo ha cometido una figura religiosa: el impacto espiritual, llamado por algunos el “asesinato del alma” o “devastación espiritual”.

Con este punto de partida, desde la psicología se ha planteado que el ASI representa “el mal absoluto” y, por lo tanto, implica un no-perdón absoluto. Al abordar el tema del perdón, el punto de partida debe ser la consideración de la ofensa cometida y del impacto que ha tenido en la víctima. Sólo entendiendo la experiencia vital de quien recibe la ofensa se puede empezar un camino que pueda quizás llegar al perdón, pero que sin duda se debe recorrer cuidando sus necesidades, desde el respeto a su dignidad, sin minimizar el daño sufrido y, sobre todo, sin hacerle aún más daño.

En la presentación se revisará la cuestión sobre qué tipo de perdón sería conveniente plantear en el caso del ASI, se revisarán los elementos importantes que habría que considerar al trabajar el perdón en víctimas de ASI, y se revisarán los elementos presentes en dos propuestas de intervención para facilitar el perdón en víctimas de ASI, las propuestas por Tracy (1999) y Walton (2005).

El perdón, entendido como una estrategia de afrontamiento, es una posible respuesta que las víctimas de una ofensa pueden elegir libremente. Está ampliamente demostrado que el perdón aumenta la salud de las víctimas y facilita el restablecimiento de las relaciones interpersonales. Gran parte de la investigación en este ámbito se ha centrado en estudiar las razones que llevan a las personas a perdonar para comprender este complejo fenómeno y mejorar las intervenciones sobre el perdón. Sin embargo, apenas existen estudios que hayan abordado las razones por las que las personas se convierten en ofensores. El objetivo de este estudio es explorar los diferentes motivos subyacentes a las ofensas desde un enfoque motivacional de la personalidad. En esta presentación se expondrás los principales resultados de un estudio en marcha, en el que han participado 131 adultos españoles (46,6% hombres y 52,7% mujeres) con una media de edad de 51,12 años (DE 9,01). Se recoge información sociodemográfica, información sobre el tipo de ofensas cometidas y los motivos para su realización, nivel de culpabilidad, grado de satisfacción con la vida y fortalezas del carácter. Identificar los aspectos motivacionales podría ayudar a explicar por qué esta conducta antisocial se activa, mantiene y termina. Además, conocer las variables asociadas a la motivación para ofender (es decir, variables sociodemográficas, rasgos de personalidad, antecedentes biográficos) puede ser fundamental para prevenir ofensas y diseñar programas psicoeducativos relacionados con la prosocialidad.

Dentro del ámbito de las relaciones interpersonales, son varios los estudios que evidencian que, son las mujeres en comparación con los hombres, quienes experimentan victimización sexual (e.g., Romito & Grassi, 2007; Slashinski et al., 2003), así como diferentes ofensas (Archer, 2000). Estos hallazgos ponen de relieve la vulnerabilidad de la mujer, pese a los avances obtenidos en algunas regiones y países por la justicia y la igualdad (Hazel & Kleyman, 2020). Prestando especial atención a las relaciones interpersonales que se originan dentro del contexto laboral, si bien parece haberse garantizado la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en todos los niveles de toma de decisiones (i.e., a nivel político, económico y público; Mohanty et al., 2018), la desigualdad y discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral no parece haber cesado. Por ejemplo, se estima que aproximadamente el 5-10% de los europeos y las europeas ha sido objeto de acoso laboral en algún momento de su vida (Zapf et al., 2011). De acuerdo con la reciente Macroencuesta de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG, 2019), el 40.4% las mujeres de más de 16 años (inclusive) han experimentado acoso sexual laboral en algún momento de su vida, y un 10.2% en los últimos doce meses. Pese a la prominencia en la incidencia de casos de acoso sexual, el número de denuncias frente a este tipo de situaciones no se ha visto incrementada (Cereceda et al., 2018). Es más, solamente el 2.5% de las mujeres que reportaron haber sido objeto de acoso sexual denunciaron frente a un organismo oficial; fomentándose de esta forma la imperceptibilidad de la problemática (DGVG, 2019). Este modo evitativo de proceder podría deberse al temor que experimentan a sentirse avergonzadas, a ser etiquetadas como víctimas, a perder su trabajo, o a la falta de conocimiento acerca de cuáles son sus derechos y/o convencimiento de que la persona acosadora no será sancionada (Foster & Fullagar, 2018).

Una de las respuestas de afrontamiento que se ha observado en las mujeres que sufren comportamientos abusivos o acoso en el entorno laboral es el perdón intrapersonal. Esto es, la necesidad interna de renunciar a la ira y el resentimiento hacia la persona que acosa por el propio bienestar individual, social y laboral (Bies, 2006; Tripp et al., 2007). Es decir, las personas que sufren acoso parecen exhibir una necesidad de superar el estado emocional negativo sin esperar a que llegue una disculpa, o incluso sin querer reparar la relación con la persona ofensora.

Los proyectos o programas de Justicia Restaurativa dirigidos a abordar la discriminación, intimidación, u otro tipo de ofensas que acontecen en el lugar de trabajo, siguen siendo escasos pese a que existe cierto consenso en lo referente a la necesidad de instaurar prácticas restaurativas en este contexto. Uno de los proyectos pioneros en fomentar esta iniciativa, además de acometer las denuncias de acoso en el ámbito laboral, es la Justicia Restaurativa Victoria (JRV), originaria de Canadá, Estados Unidos y Australia.

Con todo, se propone un programa de intervención cuyo objetivo general se centra en proporcionar herramientas destinadas a favorecer el perdón—principalmente intrapersonal—en las personas que sufren o han sufrido comportamientos de acoso, con el fin de mejorar su bienestar en sus distintos niveles.

Psicóloga Especialista en Psicología Clínica y Experta en Psicología Forense.

Profesora Asociada de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Profesora Consultora UOC (Universitat Oberta de Catalunya) Grado de Criminología.

Miembro de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense.

Abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona desde el año 1992.

Socia de IUS GEMAP.

Secretaria de la Sección de Derecho de familia del ICAB.

Abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.

Abogada asociada directora del departamento de familia en RCD-DWF.

Presidenta de la Sección de familia del ICAB.

Abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona desde el año 1992.

Socia directora de “Carmen Varela Abogados de familia”.

Vice presidenta de la Sección de familia del ICAB.

Profesora del Master de Familia e Infancia del ICAB, del Master de Mediación del ICAB y del Master de Familia de ISDE Madrid. Socia fundadora y secretaria de ASIME, socia fundadora de AIJUDEFA.

Se han producido cambios sociales importantes que inciden en la situación de los menores y que demandan una mejora de los instrumentos de protección jurídica. De acuerdo con todo ello, las nuevas leyes tienen como objeto introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y a la adolescencia que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme. Sin embargo, todavía vemos algunas debilidades en las nuevas leyes o en sus propuestas. Por un lado, nos plantean nuevos interrogantes como en las ponencias expuestas en esta mesa de expertos: “Novedades en relación con el cambio de sexo de los menores”, “Suspensión del régimen de comunicaciones y estancias en caso de existencia de proceso por violencia de género”  y  “La audiencia de los menores”. Por otro lado,  estos temas propuestos por expertas juristas nos revelan que en la práctica,  aunque ha habido mejoras, siguen existiendo barreras que pueden poner en peligro dicha protección.

El pasado 29 de junio de 2021 se dio luz verde al “anteproyecto de ley LGTBI”, que fusiona la ley trans y la normativa reguladora de los derechos del colectivo LGTBI, comenzando así su tramitación, después de meses de duras negociaciones en el seno del Gobierno, por lo controvertido del tema.

El Anteproyecto establece unas líneas generales de actuación de los poderes públicos y regula una serie de medidas para promover la igualdad efectiva de las personas trans en diferentes ámbitos: laboral, salud y educativo. Modifica el artículo 120 del Código Civil reconociendo la filiación de los hijos e hijas de las parejas formadas por dos mujeres sin necesidad de que estén casadas. Además, prohíbe las terapias de conversión destinadas a modificar la orientación, identidad sexual o la expresión de género de las personas, con independencia de que esta haya dado su consentimiento.

El anteproyecto es una excepción a la regla general, permitiendo que los menores de edad tomen decisiones al margen de sus progenitores, que tendrán importantes implicaciones en numerosas esferas de su vida privada y pública, al quedar suprimido cualquier requisito más allá de la voluntad del menor.  ¿Estamos ante una medida que efectivamente reportará mayor protección a los intereses de los menores? ¿Qué pasará en caso de desacuerdo entre la voluntad del menor y la de sus progenitores?

La modificación legislativa del artículo 94 del Código Civil realizada por la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica que entrará en vigor el 3 de septiembre de 2021, crea una controversia importante por la imposición que encierra por cuanto fija un automatismo en virtud del cual en caso de que exista una denuncia por violencia de género, el juzgado debe suspender el régimen de comunicación y estancias. En efecto, el párrafo cuarto dice que : “ No procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos”. Por ello, el automatismo parece servido sin que medie la discrecionalidad del juez en base a informes psicológicos o del Punto de Encuentro en su caso. A primera vista, no hay duda de que parece que la simple denuncia es suficiente por cuanto es el acto que abre el proceso, es decir que lo inicia. Esto abre un camino a la instrumentalización de la denuncia como estrategia para suspender la comunicación entre el progenitor y sus hijos con la consecuencia para los mismos sin tener una resolución judicial firme. ¿Cómo afectará esto a los menores?

La audiencia de los menores ha sido objeto en los últimos años de debate tanto cuando se realiza en el ámbito civil en procedimientos de separación, divorcio o de guarda y alimentos, cómo en el ámbito penal en caso de maltrato o abusos. La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que entró en vigor el pasado 25 de junio de 2021, pone de manifiesto la importancia de evitar una victimización secundaria de los menores que se encuentran inmersos en procesos penales con el fin de que no deban relatar en varias ocasiones los hechos que denuncian. Así la ley fija la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para convertir en excepcional la declaración en juicio de los menores de catorce años o de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, por lo que establece como norma general la práctica de la audiencia del menor como prueba preconstituida. Lo cierto es que si bien ello se plantea en el proceso penal, no cabe duda de que sería oportuno poder realizar la prueba preconstituida en el proceso civil de separación, divorcio o guarda y alimentos puesto que el objetivo es el mismo: asegurarse que la audiencia del menor no sea en sí otra situación que pueda perjudicar el bienestar del menor. La falta de juzgados especializados dificulta la aplicación de protocolos adecuados para la audiencia de los menores.

• Coordinadora de la División de Atención a Víctimas en Sede Judicial, de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense.

• Coordinadora de la Sección de Psicología Jurídica del Colegio de Psicólogos de Castilla y León desde 2010.

• Psicóloga adscrita a la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos del Ministerio de Justicia, en los Juzgados de Salamanca. Antigüedad: 2003.

  Psicóloga Sanitaria y Jurídica CL1859.  En ejercicio desde 1998, colegiada en el Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Vocal-presidenta por Salamanca del COPCyL (2010-2018)

  Miembro de la Lista de Peritos de la jurisdicción de Salamanca y con Consulta privada de Psicología (Registro sanitario). Desde el año 2000. Mediadora.

  Desde hace años, Profesora externa colaboradora de la Universidad de Salamanca en el Máster de Psicología General Sanitaria, en la Facultad de Psicología y de Derecho de la USAL, y en el Grado de Criminología como Tutora de TFGs. Anteriormente en el Master de Violencia de Género de la USAL (Psicología) y profesora externa de la Universidad Complutense de Madrid en el Máster de Victimología.

  Formadora en Psicología Jurídica y Forense en Congresos, Jornadas, Cursos y Conferencias (Universidad, Sociedad Ecuatoriana de Psicología Jurídica y Forense, Colegios Profesionales de psicólogos, abogados y médicos, Juzgados de Violencia de Género, Ministerio de Justicia (Gerencia de CyL), Consejo General de la Psicología de España, Ministerio de Administraciones Públicas, Junta de Castilla y León, Ayuntamientos  y Diputaciones, Centros educativos, etc).

  Formación psico-jurídica:

  Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca (1997), Máster en Modificación de Conducta, Máster en Psicología Legal y Forense, Título de experta universitaria en Violencia de Género y Doméstica, Título de experta universitaria en Mediación y Orientación Familiar. Formación continua anual por el Ministerio de Justicia en la especialización (Victimología) para la Asistencia a Víctimas de Delitos, desde 2003. Formada en Coordinación de Parentalidad desde 2019.

Área de Violencia de Género, Estudios y Formación en el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior).

Licenciado y Doctor en Psicología, Máster en Criminología, Especialista en Psicología Forense y Experto en Violencia de Género.

Analista e investigador en el campo del análisis criminal, evaluación y gestión del riesgo de conductas violentas: violencia de género, sexual, intrafamiliar, homicidios y suicidios. Miembro del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid y del Comité Asesor / Asesor de la Unidad de Psicología Jurídica y Forense Otri-Universidad de Granada, así como revisor experto de revistas científicas y Grupos de Trabajo interministeriales sobre violencia.

Autor de publicaciones científicas. Formador y ponente en el campo de la violencia de género, evaluación y prevención de la violencia interpersonal hetero y autodirigida, colaborador en consultorías internacionales, congresos, conferencias y cursos dirigidos a psicólogos, abogados, criminólogos, policías y profesionales del sector clínico y forense.

José Manuel Muñoz Vicente, es Licenciado en Psicología (UCM) y experto en Criminología por la misma universidad. Máster Oficial en Criminología y Delincuencia Juvenil (UCLM) y Máster en Psicopatología Criminal y Forense (UCJC).

Desde el año 2005 desempeña su labor profesional como psicólogo forense en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, realizando informes periciales para las jurisdicciones civil y penal.

Ha publicado diversos artículos científicos y capítulos de libros relacionados con la disciplina, así como ha colaborado en la elaboración de Guías de Buenas Prácticas en distintos campos de la Psicología Forense. También ha formado parte de equipos de investigación en el área.

Es docente en distintos programas de postgrado relacionados con las Psicología Forense y participante habitual en actividades técnico-científicas relacionadas con la profesión.

Fue coordinador de la Sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (2009-2018), y actualmente es coordinador de la Unidad Psico-Jurídica del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid (ICF-UAM) y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF).

Desde diciembre de 2018 soy Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala de Violencia sobre la mujer y con anterioridad desempeñé el cargo de Fiscal Decana de Violencia contra la Mujer de la CCAA de Madrid.

Profesora asociada de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad C3M durante 18 años y en el Máster de Justicia Universal de dicha Universidad y en el Máster en Psicología Forense y Penitenciaria de la Universidad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.

Experta de EUROsociAL II y EUROsociAL +, realizando diversas asesorías especializadas en la implementación del Protocolo Regional de investigación de delitos de violencia de género, actuaciones y coordinación en Panamá, Argentina y en Honduras.

Expositora internacional en materia de igualdad y género en diversos internacionales en países de Iberoamérica y Europa Central.

Varias publicaciones en materia de violencia de género, perspectiva de género y violencia sexual en revistas jurídicas y en las colecciones formativas del CGPJ y del CEJ y Tratados de Derecho Penal.

Directora de varios cursos de formación continuada de la carrera fiscal y ponente en otros tantos dirigidos por otros, así como ponente en cursos de formación del CEJ, CGPJ y de la Policía y Guardia Civil.

En esta Mesa de Expertos se tratan distintos aspectos relacionados con las víctimas de violencia de género, significando a aquellas que denuncian su situación y, por ende, se adentran en el Sistema de Justicia. Se trataría de mujeres victimizadas por sus parejas o exparejas que inician un proceso policial y judicial que en ocasiones se presenta sumamente complejo para ellas.

Desde distintos perfiles profesionales del Sistema de Justicia y del Ministerio del Interior, con un largo recorrido profesional y con un enfoque científico, experto y multidimensional de la victimización, se trata de evitar: multivictimizaciones, revictimizaciones y victimizaciones secundarias.

También se exponen medidas orientadas a garantizar que todas las víctimas puedan acceder a una óptima atención durante el proceso judicial y dentro del Sistema de Justicia, abordando esta realidad desde la evidencia científica y el conocimiento experto, que avalan la práctica psicológica-pericial que pone de manifiesto que la victimización secundaria es una realidad muy presente.

Se aboga por el uso sistemático de los conocimientos aportados desde la Fiscalía General del Estado, encargada de la Violencia de Género, así como de la necesidad de que las todas las Oficinas de Atención a la Víctima del Delito cobren un mayor protagonismo por ser parte de los derechos de las víctimas, en coordinación con los Psicólogos Forenses de los IMLF.  Singularizando desde el primer momento, en la Sede Policial esta atención con VIOGEN y otras actuaciones.

La existencia de mujeres víctimas de violencia de género que, independientemente de que hayan denunciado o no, sufren violencia reiterada por una misma o por distintas parejas supone una realidad que hasta el momento ha tenido un abordaje limitado. Los procesos explicativos y mantenedores de este tipo de situaciones, en muchas ocasiones muy circulares, son complejos y de distinta índole. Una muestra de ello lo podemos encontrar en los distintos mecanismos de supervicencia del estátus clínico, donde la evindencia explica como la angustia psicológica y algunas estrategias de afrontamiento después de la victimización por violencia de género no solo puede ser una consecuencia clínica del proceso de abuso, sino que además pueden ser elementos causales que afectarían al riesgo de nuevos y crónicos episodios de violencia futura.

Otra indicador de su complejidad es que la reincidencia de nuevas agresiones violentas puede llegar al 37-46% en los primeros meses. En España está prevalencia se sitúa en un rango más moderado del 15-20% anual, pese a que las vulneraciones de las Órdenes de Protección, con y sin violencia, son frecuentes. La investigación sobre los elementos sustantivos relacionados con la existencia en la historia de una mujer de  múltiples parejas abusivas  es aún limitada, si bien está avanzando. Reducir la prevalencia de este tipo de agresiones precisa de la eficaz coordinación de las distintas instituciones con responsabilidades en la lucha contra la violencia de género como también de los dispositivos de atención a víctimas.

Aunque la LO 1/2004 y, con ella, la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, ha supuesto un avance para la protección de los derechos de las mujeres víctimas de VdG en la pareja, algunos datos, procedentes de distintas investigaciones, sugieren que estos juzgados presentan algunos problemas de enfoque, desempeño profesional y falta de recursos que impacta negativamente en el acceso efectivo de estas mujeres a la justicia

En esta presentación, tras una revisión de la literatura nacional sobre el tema, principalmente a través de estudios realizados con metodología cualitativa (n=13), se presentan las principales quejas expresadas por mujeres víctimas de VdG en la pareja que han pasado por un proceso judicial.

Las quejas se han organizado en torno a dos aspectos: a) quejas en relación con la actividad probatoria y b) quejas en relación al trato recibido. Entre las primeras señalan: valorarlas por el cliché de “victima ideal”, ceñirse al último episodio, desconfianza respecto a los motivos para denunciar, dificultad para demostrar la violencia psicológica. Entre las segundas: falta de instalaciones adecuadas, desatención a su estado emocional, falta de sensibilidad, enfado ante alguna de las reacciones de las víctimas y malas prácticas por parte de los distintos operadores jurídicos (incluidos sus abogados).

Se proponen algunas líneas de mejoras.

La violencia de género, es una violencia de carácter estructural y por tanto, fuertemente arraigada en la sociedad. Además, por sus especiales características: vínculo afectivo víctima-victimario, su carácter crónico y cíclico, y su objetivo coercitivo y controlador provoca importantes daños a las víctimas.

La LO1/2004, atiende a esas características idiosincrásicas, en especial a la vulnerabilidad de la víctima y a la discriminación social por razón de género.  Por ello,  la instrucción y enjuiciamiento de estos delitos, exige la puesta en marcha, por parte de todos los profesionales del sistema de justicia, de estrategias y habilidades que cristalicen en una intervención eficaz, que, por un lado, facilite el acceso de la víctima al sistema de justicia y por otro, haga que permanezca en él a lo largo del proceso.

En este sentido, la perspectiva de género se convierte en el instrumento clave para la realización de esta labor. Nos permite identificar nuestros propios prejuicios que distorsionan la percepción de los hechos y condicionan nuestra respuesta, en ocasiones, discriminatoria para la mujer y por ende, generadora de un daño añadido para ella.

La guía de perspectiva de género en la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de violencia de género de la FGE pretende prevenir los prejuicios sociales y conseguir la igualdad efectiva entre H y M en la aplicación de la Ley.

Más de la mitad de las víctimas de delitos que se asisten, en Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos (OAVD) del Ministerio de Justicia (MJU) y desde hace dos décadas, son mujeres victimizadas por su pareja o expareja (hombres).  Esto es, mujeres que sufren la Violencia de Género definida en la Ley Orgánica 1/2004. Un delito, de los cometidos sobre el cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, contemplado en Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y en el Real Decreto 1109/2015.

Estas mujeres victimizadas, madres en muchos casos, obtienen una especial atención desde las OAVD en la regulación legal actual. Tratando como víctimas directas a sus hijos, para que reciban una atención inmediata desde la sede judicial y en coordinación con todos los operadores jurídicos y en ocasiones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y locales. Víctimas especialmente vulnerables, cuando la valoración del riesgo es media, alta o extrema en VIOGEN.

Una asistencia psicológica altamente especializada y coordinada desde dentro de la Administración de Justicia (OAVD) y para La Víctima.

Debatiremos sobre la aplicación de la Ley, otras normativas legales y protocolos de actuación, para que se garanticen sus derechos. Justificando la necesidad de coordinación entre las instancias (judicial y policial) que evita muertes y sufrimiento.

• Coordinadora de la División de Atención a Víctimas en Sede Judicial, de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense.

• Coordinadora de la Sección de Psicología Jurídica del Colegio de Psicólogos de Castilla y León desde 2010.

• Psicóloga adscrita a la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos del Ministerio de Justicia, en los Juzgados de Salamanca. Antigüedad: 2003.

  Psicóloga Sanitaria y Jurídica CL1859.  En ejercicio desde 1998, colegiada en el Iltre. Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Vocal-presidenta por Salamanca del COPCyL (2010-2018)

  Miembro de la Lista de Peritos de la jurisdicción de Salamanca y con Consulta privada de Psicología (Registro sanitario). Desde el año 2000. Mediadora.

  Desde hace años, Profesora externa colaboradora de la Universidad de Salamanca en el Máster de Psicología General Sanitaria, en la Facultad de Psicología y de Derecho de la USAL, y en el Grado de Criminología como Tutora de TFGs. Anteriormente en el Master de Violencia de Género de la USAL (Psicología) y profesora externa de la Universidad Complutense de Madrid en el Máster de Victimología.

  Formadora en Psicología Jurídica y Forense en Congresos, Jornadas, Cursos y Conferencias (Universidad, Sociedad Ecuatoriana de Psicología Jurídica y Forense, Colegios Profesionales de psicólogos, abogados y médicos, Juzgados de Violencia de Género, Ministerio de Justicia (Gerencia de CyL), Consejo General de la Psicología de España, Ministerio de Administraciones Públicas, Junta de Castilla y León, Ayuntamientos  y Diputaciones, Centros educativos, etc).

  Formación psico-jurídica:

  Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca (1997), Máster en Modificación de Conducta, Máster en Psicología Legal y Forense, Título de experta universitaria en Violencia de Género y Doméstica, Título de experta universitaria en Mediación y Orientación Familiar. Formación continua anual por el Ministerio de Justicia en la especialización (Victimología) para la Asistencia a Víctimas de Delitos, desde 2003. Formada en Coordinación de Parentalidad desde 2019.

Psicóloga Forense del Ministerio de Justicia, actualmente en excedencia.

Anteriormente, durante el periodo de 2003 a 2010, Educadora adscrita al Juzgado de Menores de Burgos.

Mediadora Familiar desde el año 2008. Inscrita en el Registro del Ministerio de Justicia y en la Junta de Castilla y León.

Tutora de Practicum para la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca (Cursos 2012-13 y 2013-14).

Formadora en Psicología Jurídica y Forense y Coordinadora en Cursos (COPCYL, UDIMA).

Presidenta de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León.

Miembro de la Comisión de Formación del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León.

Formación:

Licenciada en Psicología. Universidad Nacional de Educación a Distancia. (Madrid). Especialidad: Psicología Clínica. (2000)

Profesora Diplomada en Educación General Básica. E.U. Profesorado de E.G.B. (Burgos). Especialidad: Lengua Española e Idiomas Modernos (Francés). (1987)

Especialista en Drogodependencias por la Universidad de Valladolid. Departamento de Biología Celular y Farmacología, en colaboración con la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León. (Año 1998)

Especialista en Mediación Familiar. Universidad de Burgos. Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho, acreditado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. (Año 2009).

Curso de Coordinador de Parentalidad organizado por el COPCyL. Año 2019.

Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Licenciada de Grado en Psicología, tras la defensa de la tesina: «Influencia contextual sobre la Conducta Agresiva.”

Curso de Posgrado: Intensificación en Psicología Sanitaria por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Curso superior de Psicología Jurídica y Peritajes Psicojurídicos.

Psicóloga colegiada CL-1597. Vocal-presidenta por Salamanca del Copcyl desde el año 2019 hasta la actualidad. Coordinadora de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio de Psicología de Castilla y León desde 2019.

Psicóloga Especialista en Psicoterapia EFPA/ Europsy – European certificate in Psychology. Especialista Experta en Psicoterapia por Europsy desde el año 2011

Desde 1997 ejerzo como Psicóloga General sanitaria y Jurídica en ámbito privado.

Pertenezco al turno de peritaciones y al turno de intervención en adopciones Internacionales (TIP-AI), elaborando informes de idoneidad parental para adopciones internacionales.

He participado en diversas jornadas, cursos y Congresos en el ámbito de la psicología Jurídica y Forense.

Psicóloga en el equipo de profesionales de atención e intervención psicológica a mujeres y menores víctimas de violencia de género y hombres agresores (Programa Fénix) a través del convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León y la Junta de Castilla y León.

Psicóloga en Intervención Urgente en Víctimas de Violencia de Género.

Psicóloga seleccionada para la Atención a Víctimas del Terrorismo a través de la Red Nacional de Psicólogo/as en el Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

Desde 2015 Docente Externa en el Master de Psicología General Sanitaria de la USAL con la master-class sobre “Evaluación y tratamiento de los trastornos del estado de ánimo con personas adultas”.

Docente para la Gerencia de Atención Primaria en la comisión de formación continuada a personal sanitario.

Doctor en Psicología (Premio extraordinario a la Tesis doctoral por la Universidad de Salamanca). Psicólogo General Sanitario. Postgrado en atención integral a personas con enfermedades avanzadas y sus familias. Master en Psicología Clínica. Experto en Intervención en Duelo y Cuidados Paliativos.

Psicólogo del Equipo de Atención PsicoSocial (EAPS) de la Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) del Hospital los Montalvos, del Complejo Hospitalario Asistencial Universitario de Salamanca.

Profesor Asociado de la USAL. Facultad de Psicología de Salamanca. Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico (curso académico 2018-2019).

Profesor asociado y tutor de los Master para Psicólogos Generales Sanitarios de la USAL y la UPSA.

Profesor asociado y tutor del Master de Cuidados Paliativos de la Facultad de Medicina de Salamanca.

Tutor de prácticas de alumnos de grado de la Facultad de Psicología de la USAL y la UPSA.

Coordinador del grupo de trabajo sobre Cuidados Paliativos del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León (COPCyL). Miembro de la división de Psicología Clínica, Psicología de la Salud y Psicoterapia del Consejo General de la Psicología de España. Miembro del grupo de prevención del suicidio del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León.

Profesor (Clases Magistrales) en el Master para Psicólogos Generales Sanitarios de la Universidad de Salamanca (USAL), Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) y en el Master de Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos en el Enfermo Oncológico de la Facultad de Medicina de Salamanca.

Tutor de prácticas y trabajos fin de master de alumnos de psicología, de la USAL y la UPSA, tanto del Practicum como del Master de Psicólogos Generales Sanitarios, y de alumnos del Master de Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos en el Enfermo Oncológico de la Facultad de Medicina de Salamanca.

Revisor de artículos científicos sobre psicología, duelo y voluntariado, para la revista Medicina Paliativa.

Del 2008 al 2012 miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL).

Autor de numerosos estudios, artículos, publicaciones y comunicaciones sobre Intervención Psicológica, Cuidados Paliativos, Voluntariado y Duelo.

Licenciada en Psicología por la UNED (2005), licenciada en Psicopedagogía por la UNED (2008). Psicóloga General Sanitaria. Postgrado en Terapia Cognitivo-Conductual Infantojuvenil. Especialista en Psicopatología Forense y Elaboración de Informes Periciales (Centro Aaron Beck, Granada).

Directora del Centro de Psicología Mª José Díez (Astorga-León).

Psicóloga del Centro Social “Las Cinco Llagas” (atención a grandes discapacitados; Astorga-León).

Perito privado en Tribunales Civiles y Eclesiásticos.

Mediadora (Ministerio de Justicia).

Psicóloga de refuerzo del IML (zona Zamora-León, 2014-2018).

Psicóloga Colaboradora en el Programa de Apoyo Emocional a Víctimas de Violencia de Género (COPCyL-Junta de Castilla y León).

Miembro del GRIPDE (Grupo de Intervención en Emergencias y Desastres 112).

Formadora en diferentes entidades públicas y privadas (Ministerio de Defensa, Ayuntamientos, Centros Residenciales, COPCyL…).

Miembro de la División de Psicología Jurídica y Forense del Consejo General de la Psicología de España; vocal de la Sección de Psicología Jurídica y Forense del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León. Miembro del Grupo de Prevención del Suicidio del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León.

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo de regulación de la Eutanasia, es una Ley que nace antes de la pandemia mundial por COVID 19, y se aprueba siete meses después de intenso debate político y en medio de una Crisis Mundial.  Un debate público que cuestiona sus argumentos por entender que deja de garantizar que los sujetos receptores de su aplicación, las personas especialmente más vulnerables que recoge la ley, tengan derecho a una vida digna y sin sufrimiento. Para lo cual habrá que promover políticas a favor de la vida, y garantistas de los derechos a recibir todos los cuidados paliativos y otros bio-psico-socio-espirituales (religiosos también), que puedan dignificar la vida y el final de la vida, antes de aplicar el derecho a morir, a través de la eutanasia o el suicidio asistido.

Así pues, consideramos, como colectivo excluido, desde la Sección de Psicología Jurídica del COPCYL debemos estar preparados y formados, para actuar en aquellos momentos en los que será necesaria la valoración psicológica previa a la aplicación de la eutanasia sin olvidar los cuidados paliativos individualizados y multidisciplinares. Y el formar parte de las Comisiones de Valoración y Seguimiento como profesionales de la Psicología; de la Salud Mental y de la Valoración Forense.

Después de hacer una revisión de las distintas Regulaciones legales de la eutanasia (y “suicidio asistido”), a nivel mundial, que recogen el sufrimiento físico y psíquico constante e insoportable como causas para solicitar la prestación de ayuda para morir, se puede decir que, actualmente, España forma parte de esos siete países que regula el derecho a morir, en una Ley Orgánica, la 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia. Una ley controvertida y muy criticada, por no haber tenido en cuenta las aportaciones de la sociedad civil organizada en asociaciones, conocedora del sufrimiento físico y psíquico del sujeto pasivo de esta Ley, que defienden el derecho a la vida, a una vida digna antes del derecho a morir.

Someramente y, para un conocimiento general, se exponen dichas leyes con su país de referencia en la ponencia, siendo estos países Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y España.

Consideramos necesario, realizar una evaluación individualizada de casos de dudosa claridad para la aplicación de la Ley con garantías (el derecho a una vida digna primero), realizando una valoración con informe pericial psicológico de la persona solicitante analizando holísticamente su  realidad percibida, su situación objetiva y el contexto y las variables presentes que le han llevado a desear morir y a mantener esa idea. Siguiendo cuestiones éticas y deontológicas; respetando primero el derecho a vivir, pero también el de terminar la vida de una forma digna.

Los profesionales de la Psicología, estamos muy atentos a cómo se va a regular la petición de la Eutanasia en personas con trastorno mental, tras la reciente ley que la regula.

Debemos asegurarnos, que quién solicita la Eutanasia, lo hace en ausencia de opciones de tratamiento que reduzcan el sufrimiento y que no lo hace bajo el padecimiento de un trastorno mental reversible, que altere o anule su capacidad de juicio y que esté contribuyendo a su deseo de morir.

Los datos revelan que existe una alta relación entre el intento de suicidio y la manifestación de trastorno Mental. Resulta paradójico que por un lado se haya aprobado la Ley de Eutanasia y por otro se creen planes de prevención del suicidio.

Coincidimos en que los planes en Salud Mental deberían prevenir, detectar y abordar los problemas mentales que puedan llevar al suicidio, pero es igual de importante que quienes solicitan la Eutanasia, no sea bajo la presencia de un padecimiento psicopatológico, que les predisponga, pues muchas de estas patologías son reversibles con tratamientos adecuados.

La OMS incide en la necesidad de tratar los síntomas físicos, psicológicos, sociales y espirituales para poder hablar de buena salud. Los Cuidados Paliativos buscan cubrir estas necesidades hasta el final de la vida de cada persona.

Hay tres formas de tratar la cuestión de la eutanasia: 1. rechazándola sobre la base de la convicción en el principio del respeto a la vida; 2. considerar el respeto a la vida como de suma importancia, pero justificándola cuando todas las demás medidas paliativas fracasan, y 3. aceptarla como resultado de la libre elección de pacientes que no quieren vivir a través del sufrimiento y del declive aun cuando el dolor pueda ser controlado.

Desde la SECPAL se defiende la postura de que “No es posible hablar de atención digna ni de muerte digna, cuando no está garantizado que las personas puedan decidir dónde, cómo y con quién morir, sólo el cuándo. Solo existirá una verdadera libertad y un verdadero derecho a decidir, cuando existan en España unos cuidados paliativos universales, homogéneos y eficaces para todos.

La mayoría de las personas que presentan ideación suicida, lo hacen porque desean dejar de sufrir, no porque deseen morir, esta ley, tal como está planteada, sólo servirá para acortar la vida de las personas, pero no garantizará que las personas con enfermedades avanzadas reciban una atención integral y de calidad, hasta el final de su vida.

La reciente aprobación de la Ley de Eutanasia, ha abierto un debate que va más allá de la comunidad científica, trascendiendo a la sociedad y al ámbito religioso. La mayoría de las religiones rechazan la eutanasia activa, mostrándose partidarias de una asistencia integral a los enfermos graves, incurables y/o terminales, incluyendo una “asistencia espiritual y religiosa”.

Este nuevo modelo de asistencia centrado en la persona y que añade los aspectos espirituales uniéndose a los bio-psico-sociales, se apoyan en las tesis de autores como P.T. Albert (2010) y D. Lorenzo (2018) que hablan de los beneficios para la salud física y mental de la práctica espiritual y de una relación bidireccional entre capacidad y enfermedad, siendo esta circunstancia un “hecho biográfico” que puede llevar a la persona a “replantearse sus valores, su modo de ver la vida, las relaciones,…” Así, al igual que se puede paliar el dolor, se puede paliar el sufrimiento y viéndose liberada la persona de esta experiencia, ya no condicionaría la toma de decisiones.

Todo lo dicho debería tenerse en cuenta e incluirse, en las Comisiones de Garantía y Evaluación, la figura del psicólogo forense asegurando esa atención más humanizadora y facilitar la toma de decisiones con mayor libertad.

Catedrática de Psicología Social de la Universitat de Valéncia, es miembro del grupo de investigación Vio-Strategy (Advanced research strategies on family and gender violence). Tiene una dilatada experiencia en el ámbito de estudio de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, en la visibilización y actitudes ante esta forma de violencia y en la respuesta del sistema judicial y la administración pública ante la misma. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales y ha dirigido diversos proyectos de investigación en este ámbito. Es la creadora y directora del Programa Contexto® (programa de investigación, formación, intervención y prevención de la violencia de género a través del trabajo con el agresor), que se desarrolla en la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología) desde el año 2006 en colaboración con Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior). Es responsable del desarrollo de los planes motivacionales individualizados para población altamente resistente al cambio, incluidos en la fase motivacional de varios programas de intervención implementados por los sistemas de penas y medidas alternativas de España y Croacia. Además, desde hace tres años ha firmado un convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, para la realización de programas de intervención con hombres que ejercen violencia de género. Igualmente, ha firmado un contrato con EuroSocial para la adaptación del Programa Contexto® a Costa Rica, en coordinación con la Defensa Pública del Ministerio de Justicia del Gobierno Costarricense. Es editora asociada de la revista Psychosocial Intervention.

Psicólogo, psicoterapeuta y director de investigación y proyectos internacionales de la Asociación CONEXUS (Barcelona). Lleva más de 20 años trabajando en el ámbito de las violencias de género y la intervención con hombres e imparte formaciones, conferencias y asesoramiento a nivel nacional e internacional sobre estos temas. Es miembro de la junta directiva de la Red Europea para el trabajo con agresores de violencia de género WWP-EN (“European Network for the Work with Perpetrators of domestic violence”) y del Consejo Asesor de Políticas de Género en Salud del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya. Ha participado en varios proyectos europeos como “Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe – WWP” e “IMPACT: Evaluando los Programas Europeos para Agresores” y ha coordinado el proyecto europeo “ENGAGE – Involucrando a profesionales de primera línea en una respuesta coordinada a hombres agresores”. Actualmente participa en los proyectos FOMEN (Focus on Men) sobre la prevención de la violencia de género en hombres refugiados e migrantes y ERASE GBV sobre la formación del profesorado para la detección y el abordaje de la violencia de género.

Doctora en psicología. Presidenta de la Asociación PSIMA, Subdirectora del Programa Contexto (Investigación, Formación, Intervención y Prevención de la violencia de género a través del trabajo con el agresor) y Responsable del Servicio Municipal REPARA (Atención a hombres para promover relaciones de pareja saludables). Catorce años de experiencia en intervención con maltratadores y especialista en el diseño, formación y aplicación de estrategias motivacionales con población altamente resistente al cambio. Experiencia docente en la Universitat de València, Universidad Internacional de València y Universidad Europea y en actividades formativas no regladas en materia en violencia de género. Psicóloga general sanitaria, terapeuta Gestalt y de pareja; formación en Terapia Sistémica y en intervención psicológica en ámbitos sociales.

Doctora en Psicología con 9 años de experiencia en intervención psicosocial con hombres que ejercen o han ejercido violencia contra sus parejas. La mayor parte de su experiencia profesional ha sido en el Programa Contexto (Programa de Investigación, Formación, Intervención y Prevención de la Violencia de Género a través del trabajo con el agresor). Actualmente, es psicóloga en el Centro de Re-educación de Hombres de Santiago de Chile perteneciente al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En cuanto a su formación es Máster de Intervención Psicológica en Ámbitos Sociales y Doctora en Psicología, ambos por la Universitat de València. Actualmente, es alumna del Máster en Género y Políticas de Igualdad de la misma universidad. En el ámbito de la investigación, ha publicado artículos científicos y participado como ponente en diversos congresos científicos. Imparte docencia universitaria y ha participado en proyectos de innovación educativa.

Los programas de intervención con hombres condenados por violencia de género son un elemento esencial en el conjunto de estrategias de prevención de la violencia de género adoptadas por la administración y las instituciones. En las últimas décadas se han producido importantes avances en este tipo de intervenciones de la mano de diversos equipos de investigación y profesionales implicados en la búsqueda activa de estrategias que incrementen la efectividad de estos programas. En esta mesa profesionales e investigadoras relatarán sus experiencias y trabajos centrados en diferentes aspectos vinculados con una mejor prevención de la violencia de género. Se expondrán (1) los principales resultados del proyecto ENGAGE para la mejora de la detección y derivación a programas de intervención de hombres que, sin encontrarse todavía en el sistema judicial, han ejercido o se encuentran ejerciendo violencia de género; (2) la experiencia de creación e implementación de un servicio municipal del ayuntamiento de Valencia (Repara), en el que se trabaja tanto con hombres condenados por violencia de género como con hombres que acuden al servicio de forma voluntaria; (3) los resultados obtenidos en un estudio que aborda uno de los retos de la intervención en el ámbito que nos ocupa: la diversidad cultural en los programas de intervención; (4) una propuesta de intervención con hombres especialmente resistentes a la intervención (hombres condenados por violencia de género con problemas de consumo de alcohol y otras drogas), así como el protocolo de evaluación de la misma mediante un ensayo controlado aleatorizado.

El abordaje de la violencia de género en hombres está todavía muy limitado al sistema judicial y a sus programas para agresores en prisiones y como medidas penales alternativas. En cambio, existen pocos programas a los que hombres que no hayan sido condenados puedan acudir voluntariamente o derivarse desde otros servicios. Y son todavía menos las iniciativas para formar a profesionales de servicios básicos para la detección y el abordaje de la violencia de género en sus usuarios hombres. El proyecto ENGAGE tenía como objetivo dar respuesta a esa necesidad a través de sus principales resultados, la guía ENGAGE y el paquete de formación correspondiente, que se presentan en esta comunicación. El proyecto ENGAGE se llevó a cabo en 2018 y 2019 en tres países europeos (Francia, Italia y España) por 6 socios y con financiación de la Unión Europea. Tenía como objetivos mejorar la capacidad de profesionales de primera línea para abordar la violencia de género en usuarios hombres, derivarlos a programas de intervención adecuados y mejorar la coordinación entre los servicios básicos y los programas para agresores. Sobre la base de un análisis de necesidades con profesionales de servicios de salud, sociales y otros, con hombres en programas para agresores y con personas expertas en el trabajo con agresores, se desarrolló una guía y un paquete de formación. En la implementación piloto, más de 400 profesionales de servicios básicos en España, Italia y Francia recibieron la guía y participaron la formación.

El servicio Repara (servicio municipal de atención psicosocial a hombres para promover relaciones de pareja igualitarias sin ningún tipo de violencia) implementa un programa de Intervención psicosocial con hombres condenados por violencia de género, derivados por el Sistema Penitenciario. Además de estos casos, el servicio, atiende a aquellos hombres que decidan acudir de forma voluntaria. La propuesta de trabajar sobre este perfil de usuarios pretende ser una respuesta preventiva que ayude a la erradicación de la violencia. Se establece un plan de seguimiento, control y evaluación del servicio para garantizar su adecuada aplicación y eficacia. Las actuaciones dirigidas a la consecución de los objetivos se basan en la sensibilización y concienciación en materia de violencia de género a profesionales y público general, la detección de casos y la coordinación y derivación entre el servicio Repara y las instituciones vinculadas con la temática. Conseguir una prevención y una intervención temprana de los casos de violencia contra la pareja, se relaciona con la visibilidad del Servicio para las personas a las que se dirige el tratamiento. Asimismo, para una adecuada implementación de Repara se lleva a cabo una constante coordinación entre las diferentes instituciones y recursos (ámbito social, sanitario, educativo, judicial, policial, etc.), de manera que se pueda establecer una comunicación directa dentro de una red de atención con perspectiva de género, capaz de prevenir la violencia de forma eficaz a través de la detección y derivación de casos de hombres que ejercen violencia contra sus parejas.

La adaptación de los programas de intervención para hombres que ejercen violencia contra sus parejas a los distintos colectivos minoritarios ha sido objeto de debate. En población inmigrante algunos autores sugieren que los programas convencionales de enfoque cognitivo-conductual con orientación feminista, no serían capaces de obtener buenos resultados. En este sentido, aspectos culturales relacionados con creencias y actitudes como los roles de género y elementos vinculados con la inmigración como factores ambientales y duelos migratorios podrían afectar la obtención de mejores resultados. Por otro lado, existen investigaciones que sugieren que no hay evidencia suficiente sobre la efectividad de los programas adaptados para colectivos minoritarios y consideran que los programas convencionales serían igualmente efectivos. Independiente del debate, las principales dificultades que muestran los participantes pertenecientes a colectivos minoritarios e inmigrantes en los programas de intervención son las altas tasas de abandono, las actitudes negativas hacia el tratamiento, la falta de participación y el posible enfrentamiento con los y las profesionales encargados de la intervención. Situaciones que sugieren la posibilidad que algunos aspectos culturales podrían estar relacionados con resultados más pobres, altas tasas de reincidencia y baja asistencia en los programas de intervención con hombres agresores. En consecuencia, la adaptación cultural sería un ámbito de posibilidades para explorar y poder enfocar el interés de investigación, como una potencial línea de mejora para los programas de intervención.

Los problemas de abuso de alcohol y otras drogas (CPAD) han sido identificados como un importante factor de riesgo vinculado a la violencia de género (VG). Sin embargo, la mayoría de los programas de intervención para hombres que ejercen VG no se ajustan a las necesidades específicas de los participantes, incluidos los CPAD. Esta comunicación tiene como objetivo presentar un protocolo para la realización de un ensayo controlado aleatorizado con objeto de evaluar una nueva herramienta motivacional diseñada para incrementar la efectividad y la adherencia a los programas de intervención con hombres que ejercen VG y que, a su vez, presentan CPAD. Método: Se realizará un ensayo controlado aleatorizado para evaluar si los Planes Motivacionales Individualizados (PMI) centrados en los CPAD son más efectivos que los PMI estándar en los programas de intervención con hombres que ejercen VG. Los participantes serán asignados de forma aleatoria a una de las dos condiciones siguientes: (1) grupo experimental, consistente en un programa de intervención estándar para hombres que ejercen VG al que se añade un PMI centrado en los CPAD (PMI-CPAD); (2) grupo control, en el que los participantes reciben un programa de intervención estándar para hombres que ejercen VG al que se añade un PMI general. Se espera que el uso de una estrategia de intervención adaptada a estos participantes especialmente resistentes a la intervención incremente la adherencia a la misma, reduciendo la probabilidad de reincidencia e incrementando la efectividad de los programas.

Es Catedrático de Universidad desde 05/03/1991 en Departamento de Psicología Básica/Universidad de Valencia. Ha publicado más de 200 capítulos de libros, 34 libros y 190 artículos en revistas arbitradas. Ha dirigido 35 Tesis Doctorales. Además, cuenta en su haber con más de 300 contribuciones a congresos nacionales e internacionales. Ha participado periódicamente en el comité organizador y científico de eventos nacionales e internacionales, en varios casos en calidad de presidente. Ha obtenido financiación continuada en concurrencia competitiva en convocatorias autonómicas nacionales y europeas desde 1978 hasta la actualidad en calidad de Investigador principal o miembro del equipo investigador de decenas de proyectos. Verificó y dirigió el Master en Atención Sociosanitaria a la Dependencia, y dirige el Máster Propio en Psicología Jurídica y Peritación Psicológica Forense (6ª ed.), así como diferentes cursos de experto universitario y formación continuada den la Universidad de Valencia. Algunos de sus tópicos de investigación son la evaluación forense, justicia terapéutica, psicología del tráfico y la seguridad, valoración del daño y mediación tras accidentes de tráfico, estudios documentales de la ciencia. Fruto de los logros de su investigación ha transferido conocimiento a través de numerosos convenios, contratos y actividades I+D sobre muchos temas relacionados con sus tópicos de investigación. Ocupó la Cátedra de Empresa, Prevención de Riesgos en los Comportamientos Viales Mutua Madrileña-UVEG. Ha obtenido premios por transferencia de conocimiento. Tiene 8 quinquenios, 6 sexenios, uno de ellos de transferencia, complementos autonómicos de docencia e investigación, de gestión, de productividad investigadora, y de promoción académica. Ha sido presidente de la Conferencia de Decanos de Psicología y Vicerrector en dos universidades.

Cuenta con experiencia en el ámbito docente, investigador, y profesional, sanitario y forense. Es Máster en PGS y pertenece al Listado Oficial de Peritos Forenses en la Comunidad Valenciana. Actualmente es personal laboral en la Universidad Internacional de Valencia-VIU. Doctorada en 2019 y Acreditada como Ayudante Doctora en 2020. Ha dirigido más de 30 trabajos de fin de título. Ha escrito 32 documentos científicos y técnicos, de ellos 11 artículos, 10 recogidos en JCR y 1 en ESCI 1. Ha recibido 16 citas en JCR. Ha participado en 11 Congresos Internacionales y 3 Nacionales, como ponente, experta y comunicadora oral. Ha participado como investigadora en varios Contratos de Investigación. Ha dirigido masters y diplomas de especialización profesional universitarios, y cursos de formación continua en la Universidad de Valencia.

https://orcid.org/0000-0002-5252-6501

https://www.researchgate.net/profile/Jose-Lijarcio

Licenciado en Psicología por la Universitat de València, Máster en Tráfico y Seguridad Vial por la Universitat de Valencia, DEA y suficiencia investigadora en Psicología del Tráfico. Licenciado en Antropología Social y Cultural y actualmente es Investigador y Coordinador de Grupo de Investigación FACTHUM-lab., en el Instituto de Tráfico de la Universitat de València (INTRAS) y Director de Proyectos de la Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL). Doctorando en Investigación psicológica con Tesis sobre comportamiento humano y seguridad vial.

Curso parte de sus estudios en la Universidad Católica de Nijmegen en Países Bajos, donde trabajo con diferentes profesionales en el ámbito de la intervención, formación y dirección con grupos.

Comenzó su andadura en el ámbito de la Seguridad Vial en el año 1997 con el Catedrático de Seguridad Vial Luis Montoro pasando luego a ser becario de investigación de diferentes proyectos en el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (INTRAS) de la Universitat de València. En el año 2000 paso a coordinar diferentes proyectos de investigación, hasta la actualidad que coordina el grupo de investigación FACTHUM.lab en INTRAS. Desde el año 2005 es Director Técnico en la Fundación para la Seguridad Vial (FESVIAL).

Ha participado como autor en diferentes programas de investigación e intervención en el ámbito de la Seguridad Vial para diferentes entidades como: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial dentro del Permiso por Puntos (INCOVIA) para la DGT, Programa Psicoeducativo de Seguridad Vial para delincuentes de Tráfico (TASEVAL y PROSEVAL) para Instituciones Penitenciarias, Programa de Prevención de Accidentes de Tráfico y sus principales secuelas para la Generalitat Valenciana, Investigación sobre calidad, eficacia de la formación de conductores en España y Europa para la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

Ha desarrollado trabajos en materia de factores de riesgo en seguridad vial y colectivos vulnerables como el proyecto SAVIMA (Salud Vial de Mayores) para CREME (Federación de Centros de Reconocimiento de Conductores), proyecto prevención de consumo de sustancias y conducción en jóvenes (Conduce Sin Drogas) y Mayores Activos y Seguros, para la DGT y últimamente el proyecto de Visión y Conducción para la ESSILOR and FIA.

En estos últimos años ha dirigido parte de su investigación al área de la movilidad sostenible y la conducción automatizada desde el punto de vista del factor humano, realizando trabajos sobre conducción autónoma y percepción de riesgo de los usuarios, conocimiento y usabilidad de ADAS en la conducción para SAMSUNG y BOSCH (PROYECTO VIDAS) y ha desarrollado proyectos de movilidad segura y sostenible (DRIVESMART) financiado por el CDTI.

Ha escrito diferentes manuales y artículos de investigación en revista de alto impacto científico, es revisor de artículos científicos de la IAAP, junto con otros autores. Es autor de: Manual de Seguridad Vial para nuevos Conductores, encargado por la DGT, Manual de Seguridad Vial para Jóvenes, Los nuevos modelos formación en Seguridad Vial, El permiso por puntos en Europa, etc.

Actualmente está realizando su tesis doctoral sobre tecnologías riesgo vial y reeducación. Es profesor de diferentes Masters como: Masters de Auditorias de Seguridad Vial de la Universidad Politécnica de Madrid y Master de Tráfico de la Universitat de València. También ha desarrollado programas de formación e intervención para diferentes agentes sociales como Policías, Criminólogos, Psicólogos del Tráfico, Profesores de formación vial, Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales, ingenieros de auditorías viales, etc.

Ha participado como Jurado premios europeos y Nacionales de Seguridad Vial y es miembro del TPI (Traffic Psychology International).

En los ámbitos civil, laboral, y penal, cuanto menos, están claramente reconocidas, legal y profesionalmente, las funciones periciales y forenses de los psicólogos. No obstante, algunos de ellos son ámbitos cuanto menos descuidados en las preocupaciones de los órganos representativos de la profesión, como se aprecia en las definiciones formales del perfil, quedando también desdibujadas en los desarrollos recientes de la organización colegial (División de Psicología del Tráfico y de la Seguridad, y Acreditaciones.

Las consecuencias negativas para la salud pública de los comportamientos de riesgo legalmente regulados, en los que el papel de la psicología resulta clave, es remarcable, hasta el punto de que, en sucesivos informes de la OMS, se las considera como pandemias ocultas.

Hace más de un siglo se gestó, y viene funcionando el llamado “modelo español” de prevención. En sucesivos Congresos hemos ido viendo sus implicaciones jurídicas y forenses. Una buena parte de estas actuaciones, pero no todas, se relacionan con los Centros de Reconocimiento, que para el Col.legi Oficial de Psicología de Catalunya tienen una marcada impronta forense vinculada a la práctica pericial.

La Mesa incluye presentaciones sobre actuaciones profesionales, innovadoras en unos casos, y necesitadas de transformación otras, que deberían incorporarse entre las líneas estratégicas de la nueva División, además de ser tenidas en cuenta por los Colegios tanto en su oferta periódica de formación continua, como en las propuestas formativas definidas para las acreditaciones. Así mismo se defiende la necesidad de incrementar la colaboración entre la práctica profesional y la investigación universitaria.

La legislación española obliga a superar una exploración psicológica de aptitudes psicofísicas a cualquier aspirante a la tenencia de armas. Casi tres millones de armas en manos de particulares. Durante la última década se concedió un promedio anual de 300.000 licencias/autorizaciones, denegándose anualmente prácticamente un 1,76% de las solicitadas. En los últimos 29 años 9.456 personas muertas por un uso inapropiado de armas de fuego. Los datos muestran que tener un arma de fuego en el hogar incrementa el riesgo de posibles acciones violentas.

La legislación tiene más de 20 años. Resulta necesaria una actualización y adecuación, no puede seguir siendo una generalización del modelo de exploración de conductores. Nuestro objetivo fue fundamentar una nueva propuesta normativa. No olvidemos que persigue detectar, en sujetos “presuntamente sanos”, problemas de salud de forma precoz, lo que le convierte en un área de intervención pericial en este ámbito del derecho civil.

Establece dos tipos básicos de reconocimiento. Propone un protocolo evaluador, un modelo de historia clínica, un modelo de Anexo nuevos. En el caso de la vulnerabilidad a psicopatologías justifica la necesidad de evaluar aspectos cognitivos y neurocognitivos, además de control de impulsos, o la capacidad de adaptación. Se ha diseñado, y validado, una nueva prueba de cribado, que incluye una prueba de disimulación, y de evaluación de la inteligencia mediante pruebas informatizadas. Propone un nuevo modelo de informe y que se exijan unos requisitos mínimos de formación específica, y un reciclaje periódico.

Los accidentes de tráfico son una pandemia con 1,35 millones de muertos en todo el mundo y casi 50 millones de personas con lesiones graves. En España se han establecido diferentes medidas para reducir la siniestralidad, muchas de ellas centradas en los conductores reincidentes. Este estudio pretende conocer la evolución de la reincidencia administrativa en los últimos 10 años de datos disponibles (2009-2018) así como las asistencias reiteradas al programa INCOVIA para averiguar si el programa aplicado es eficaz para reducir estos comportamientos peligrosos, o por el contrario serían susceptible de cambios. Los resultados indican que, en 10 años, se han realizado 31.209 cursos de 24 horas para de recuperación del permiso, para un total de 380.225 conductores reincidentes, de los cuales 18.422 perdieron el permiso 2 veces o más, lo que indica que participaron varias veces en el programa de intervención INCOVIA sin éxito reeducativo.

Para los conductores que han perdido el permiso de conducción en más de dos ocasiones se propone un nuevo programa de intervención basada en agrupación de sus infracciones o tipologías de la misma naturaleza, haciendo especial incidencia en tres posibles variables: sustancias, velocidad y conducta antisocial.

Francisca Fariña Rivera. Catedrática de Psicología Básica y Psicología Jurídica del Menor, desde el año 2003, investigadora principal del Grupo PS1 de la Universidad de Vigo. Directora de la Unidad de convivencia y Resolución Positiva de Conflictos de la Universidad de Vigo.

Su labor investigadora se enmarca dentro de la Justicia Terapéutica. De su investigación se han derivado diferentes procedimientos y protocolos de actuación de uso frecuente en las periciales judiciales y programas de intervención como el “Programa Ruptura de Pareja, no de Familia” y “Programa Galicia de Reeducación de Maltratadores”.

Es fundadora y miembro de la Junta Directiva de Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, es además presidenta de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, y miembro del Consejo Directivo de la Conferencia de Universidades para el Estudio de la Mediación y el Conflicto.

Abogada especialista en Derecho de Familia.

Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) hasta 2.016.

Miembro de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica.

Miembro del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME).

Miembro del Foro de Juristas Hispano-Marroquí y Directora de la Mesa de Derecho de Familia.

Miembro de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia

Miembro constituyente y de la Junta Directiva de la Asociación de Abogados Colaborativos de Familia (ACF) ocupando el cargo de Tesorera.

Miembro constituyente y de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia (AIJUDEFA), formando parte de la Comisión de Ética.

Abogada ejerciente desde 1988. 

Premio extraordinario de Licenciatura.

Cursos de Doctorado (años 1989 a 1991) con título de programa “La Jurisprudecia del Tribunal Constitucional”.

Letrada del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica (año 2002).

API (1993).

Miembro de AEAFA. año 1999. Vocal junta directiva 2007 a 2008. Vicepresidenta noviembre 2011 a marzo de 2016. Delegada en Málaga durante 8 años. 

Actual presidenta de la Asociación de Abogados Colaborativos de Familia.

Actualmente vocal de la ENCP, Red europea de practica colaborativa.

Socio fundador de AIJUDEFA y actual vocal de la junta directiva.

Miembro de:

• • Asociación ASIME de profesionales contra la sustracción internacional de menores.
  • Asociación DEMÉTER por la Igualdad.
  • Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica. 

Comisión Mediación Decanal del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

He sido profesora en:

• • • Facultad de Derecho de Málaga (Derecho Eclesiástico del Estado).
    • Máster de Derecho de Familia y sucesiones de la UNIA.
    • Máster de Derecho de Familia organizado por la Universidad de Granada.

Licenciada en Derecho  por la C.E.U. San Pablo.

Master Executive MBA. Instituto de Empresa. Especialista Universitario en Mediación por la Universidad Complutense de Madrid.

Abogada de Familia y mediadora.

Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Plataforma Familia y Derecho.

Profesora de mediación y derecho procesal civil en el Centro de Estudios Financiarios (CEF), de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

Líneas de investigación:

– La mediación en el ámbito de la empresa familiar.

– La resolución de conflictos dentro de la empresa.

– Los ADR en la estrategia de Recursos Humanos.

– La mediación en la sucesión empresarial.

– Mediación y abogacía. La función del abogado.

Magistrada (Audiencia Provincial de Las Palmas, España). Presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación. Codirectora del Fórum Estatal de la Coordinación de la Parentalidad. Experta Universitaria en Derecho de Familia, con estudios avanzados en Derecho Constitucional Iberoamericano y diplomaturas en Mediación Familiar, Solución de Conflictos y Psicología Clínica aplicada a la Niñez y Adolescencia. Ponente ante múltiples instituciones nacionales e internacionales en materia de derecho de familia, derechos humanos y mediación. Publicaciones en revistas jurídicas especializadas y coautora en obras colectivas.

Licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Baleares

Abogada Especializada en Infancia-Familia y Capacidad. Colegiada del ICAIB

Abogada Rotal

Abogada Colaborativa

Mediadora Familiar

Miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), ejerciendo actualmente el cargo de Presidenta.

Miembro de la Societat Catalana d´Avdocats de Familia (Scaf); Miembro de Asociación Internacional de Juristas de habla hispana (AIJUDEFA), Miembro de la Abogados Colaborativos de Familia (ACF), Miembro de Plataforma Familia y Derecho (PFD)

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Abogado ejerciente desde 06/04/1995. Abogado, especialista en Derecho de Familia.

Colaboradora en el libro Anuario Derecho de Familia de Tirant Lo Blanch de 2021 con el artículo “El nuevo paradigma en derecho de familia, el abogado colaborativo”.

Tesorera y socia fundadora de la Junta de la Asociación de la Plataforma Familia y Derecho, octubre 2019.

Socio de la Asociación de Abogados de Familia de España desde el 2007.

Participa en la Sección de derecho de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde 2016.

Existe una vasta literatura sobre las consecuencia negativas que la ruptura de pareja provoca en los hijos e hijas, también, aunque menos, sobre los restantes miembros de la familia. Sin embargo, la ruptura de pareja también puede ser una oportunidad para todos, tal y como promueve la Justicia Terapéutica. Sin duda, el primer paso es la creación de tribunales especializados en resolución de problemas en el ámbito de familia. Estos permiten gestionar la ruptura de pareja como una oportunidad, y no convertirla en un proceso destructivo para las personas implicadas

En esta mesa de expertos participan juristas especializados en derecho de familia, quienes representan a las asociaciones más importantes de España en su ámbito.  A todas las ponentes les une el objetivo de lograr una Jurisdicción de Familia o, como en los últimos tiempos se ha considerado y hasta defendido, la Jurisdicción de Infancia, Familia y Capacidad. En todo caso, todas defienden la creación de una jurisdicción especializada para tratar los asuntos que tienen que ver con la familia. En concreto, las ponentes abordarán la relevancia de la especialización, el derecho colaborativo de familia, la mediación familiar, los informes psicosociales y la coordinación de parentalidad. De esta manera, se propone una exposición desde la visión del Derecho de Familia con objeto de generar un debate interdisciplinar con la Psicología Jurídica.

Entre las nuevas metodologías alternativas de resolución extrajudicial de conflictos, y como paradigma de justicia Terapéutica, se encuentra el Derecho Colaborativo. Esta práctica está resultando pieza clave en la transformación del Derecho de Familia.

Es una alternativa voluntaria, en la que los abogados intervinientes, llevan a cabo una negociación integradora basada en la cooperación y en la satisfacción de los intereses de ambas partes. Además, se incluye el requisito de la renuncia formal de los abogados a no litigar en ese asunto ante el Juzgado si la negociación no llega a buen fin. Así, se garantizar que se pondrán todos los esfuerzos y se agotarán todos los recursos para lograr el mejor acuerdo y donde el resultado final sea ganar/ganar que,  se traduce en beneficios para todos en especial para los menores.

Es una exigencia de responsabilidad social para los operadores jurídicos, aconsejar otras formas de resolución de conflictos, ya que una decisión judicial se percibe como la victoria de una parte sobre la otra, mientras que una decisión consensuada y trabajada deja puertas abiertas a soluciones futuras .

El Derecho de Familia ha ido evolucionando con la sociedad. Los actuales modelos de familia, diferentes al sistema familiar tradicional, ha traído consigo la necesidad de que la norma se adapte a las mismas; si bien es cierto, la Ley suele ir más lenta que la sociedad.

El Derecho de Familia abarca las relaciones familiares entre las parejas, entre los padres, entre los hermanos, entre los padres y los hijos, filiación, adopción, acogida, etc., y no solo en el momento de la ruptura de la pareja, sino desde el mismo momento en que se constituye la familia, a lo largo de su convivencia y cuando se produce la ruptura de ésta.

Ello nos lleva a una idea que se ha impuesto a nivel jurisprudencial: cada familia es un caso concreto y así se ha de tratar. Y, además, con un espíritu pacificador del conflicto familiar en pro de los menores, cuyo interés superior es protegido por la Ley, cuyos derechos vienen recogidos en Convención de los Derechos del Niño de 1989, sin olvidar que también tiene derecho a ser oídos.

En la ponencia abordaremos la importancia de la mediación en el  derecho de familia, desde el punto de vista de una profesional especializada en el derecho de familia y mediación.

El abordaje de los conflictos familiares ha de ser integral, interdisciplinar y coordinado con cada profesional interviniente, con especialización de juzgados y tribunales en materia de familia, infancia y capacidad.

La coordinación de parentalidad, como figura de apoyo altamente especializada, puede resultar muy útil en la implementación del plan de parentalidad y correcto cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Suele definirse como un proceso alternativo, aunque, en puridad, se trata de una intervención complementaria -distinta a la mediación, a la terapia o a los programas de apoyo psicosocial-, centrada en ayudar a los progenitores en la implementación de un plan de parentalidad positiva en interés de los hijos e hijas, con beneficio para toda la familia. Permite además detectar situaciones de violencia y proteger a los menores frente al maltrato.

La introducción de la figura en España se produjo a partir de estudios llevados a cabo en otros países, en especial experiencias americanas y canadienses. Proviene de una necesidad a cubrir en las intervenciones post ruptura de pareja con hijos menores de edad o con capacidad necesitada de apoyo y más en concreto ante dificultades extremas en la implementación del plan de parentalidad o el cumplimiento de medidas.

Ahora bien, su regulación detallada y homogénea es imprescindible, tanto para ofrecer a las familias un recurso psicosocial ajustado a su concreta situación como para evitar prácticas inadecuadas que mermen la confianza y seguridad de la figura, así como la calidad de las intervenciones.

La Abogacía del siglo XXI, y en especial la dedicada a la Infancia, Familia y Capacidad, se enfrenta a retos importantes y a problemas que no están previstos en los códigos legislativos, a lo que se une un servicio público de administrar justicia que adolece de los medios humanos y materiales necesarios. Este año, coincidiendo con el cuarenta aniversario de la Ley del divorcio en España, se ha promulgado la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, publicada en el BOE Núm. 134, de 5 de junio, (en vigor desde el 25 de junio de 2021),  en cuya Disposición Final Vigésima se prevé la especialización en Infancia, Familia y Capacidad dentro del orden jurisdiccional civil,  de los órganos judiciales, de la fiscalía y de los equipos técnicos que presten asistencia especializada a los Juzgados y Tribunales y para ello el Gobierno en el plazo de un año remitirá a las Cortes Generales diversos proyectos de Ley para la creación de dicha especialización.

En la mayoría de los procesos contenciosos de familia, en procedimientos de ruptura de pareja con hijos e hijas menores de edad o con capacidad modificada judicialmente, los informes psicosociales son una prueba a la que los decisores judiciales les suelen atribuir un gran peso cuando toman decisiones respecto a la custodia y tiempos de estancias y comunicación de los hijos e hijas con sus progenitores, de ahí su relevancia. En esta ponencia nos centraremos en el papel que desempeña, desde el punto de vista de un profesional de la abogacía especialista en derecho de familia, la especialización delos equipos sociales.

Se abordará la problemática y disfunción que genera la falta de una jurisdicción especializada de familia, específicamente en lo relacionado con los informes psicosociales que pueden ofrecer los equipos de un juzgado ordinario y los que emanan de los equipos psicosociales de un juzgado de familia. Se destacará la gran desigualdad que esta realidad genera por la falta especialización de los profesionales que intervienen que afecta directamente, en muchos de los casos, a la calidad de los informes que pueden emitir algunos equipos psicosociales.  Todo ello genera que exista una justicia de primera en el ámbito de la familia y una justicia de segunda, por lo tanto, se podría decir que no se cumple, de alguna manera, el principio constitucional de que todo ciudadano es igual ante la ley, pero además se genera, en muchas ocasiones, una situación de indefensión tanto a las familias como a los profesionales que interviene en estos procedimientos.

Miguel Ángel Carrasco Ortiz, doctor en Psicología y Máster en Terapia de conducta, es Catedrático de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su actividad investigadora y docente se ha centrado fundamentalmente en el ámbito clínico y pericial. Es también supervisor y director del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED.  Miembro de Red Infancia y de la Sociedad Española para el Avance de la Evaluación psicológica. Una información más detallada de su productividad científica, así como de las tareas docentes y clínicas que realiza pueden consultarse en su página web. (hipervínculo a: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,695405&_dad=portal&_schema=PORTAL)

Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología de la Universidad de Santiago de Compostela, sus intereses de investigación se centran en las conductas de riesgo de los jóvenes y adolescentes (consumo de drogas, conducta antisocial, etc.) y en las estrategias de intervención en el ámbito de la prevención.

Ha participado como investigador en más de 20 proyectos y contratos de investigación relacionados con la prevención del consumo de drogas y otras conductas de riesgo en la juventud. Fruto de esos trabajos han surgido más de 100 publicaciones científico-técnicas entre libros, capítulos de libros y artículos en revistas científicas, así como contribuciones a un gran número de Congresos científicos nacionales e internacionales. En el ámbito de la prevención destaca el programa de prevención Universal Construyendo Salud (2001) y el programa de prevención Indicada EmPeCemos (2013). En el ámbito de evaluación lleva trabajando desde el año 2008 en la elaboración y validación de un protocolo de evaluación del riesgo para menores con medidas judiciales (Valoración del Riesgo de Adolescentes Infractores-VRAI). Gran parte de la investigación publicada ha sido realizada en revistas de alto impacto, contando con un índice h del autor en el 2021 de 16 (17 en SCOPUS).

Profesor asociado del Área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Universidad Miguel Hernández de Elche (España) y Profesor-tutor en el Centro Asociado de la UNED en Elche. Miembro del grupo de investigación de la UMH AITANA, de la Red de Excelencia «PROEM» y del grupo de investigación GI-75 de la UNED. Habilitado desde 2014 para ejercer actividades sanitarias como Psicólogo General de la Salud. Psicólogo del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche y Director de la Unidad de Psicología Forense del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Miguel Hernández. Experto en psicología legal y forense certificado por la SEPJF. Posee amplia experiencia en evaluación forense, con más de 100 informes emitidos para operadores jurídicos.

Pedro J. Amor, es Licenciado y Doctor en Psicología por la Universidad del País Vasco. Desde 2001 es profesor de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, España). Imparte docencia en el Grado de Psicología y en el de Criminología. Gran parte de sus investigaciones se centran en la violencia contra la pareja (agresores y mujeres maltratadas) y otros ámbitos de victimización. Con anterioridad, trabajó en el área de intervención psicológica con hombres violentos contra la pareja y en el ámbito de la ludopatía.

María J. Herrera es Licenciada en Derecho y Doctora en Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, España). Trabaja como funcionaria en el Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha (Ciudad Real, España); desde 2006 desarrolla un programa de intervención para agresores contra la pareja. Sus intereses como investigadora se centran en la prevención de la violencia de pareja íntima, el tratamiento de los agresores masculinos y el análisis de las vulneraciones de las órdenes de alejamiento.

La presente mesa abordará el papel de aquellos mecanismos que la investigación ha mostrado que están implicados en el comportamiento violento de adolescentes y jóvenes adultos. Se abordarán diferentes rasgos de personalidad tales como los rasgos llamados malévolos de la  personalidad:  maquiavelismo, psicopatía, narcisismo y sadismo; y los rasgos psicopáticos como elementos de la predicción del riesgo en conjunción con diversos factores de riesgo; Se analizarán y discutirán los mecanismos de desconexión moral como procesos que desinhiben la conducta violenta y agresiva en jóvenes y  se explorará la evidencia relativa a los sesgos cognitivos el sexismo hostil y benévolo y la ira como procesos relacionados con la violencia contra la pareja.

Desde lana Teoría Cognitiva Social (Bandura, 1986, 1990) la relación entre el razonamiento moral y la acción está mediada por una serie de mecanismos autorreguladores. La inactivación voluntaria de estos procesos autorreguladores se conoce como desconexión moral (DM) y conlleva el uso selectivo de diferentes mecanismos socio-cognitivos que favorecen la transgresión de normas así como la desinhibición de impulsos agresivos y conductas inmorales e inhumanas (Bandura, 1990, 2002). En los últimos años se ha estudiado el papel que juegan los mecanismos de DM en la facilitación de conductas violentas, antisociales e inhumanas, tales como: a) agresión, conducta antisocial y delincuencia en niños y adolescentes; b) acoso escolar; c) acoso cibernético; d) violencia en el noviazgo; e) acoso en las cárceles; e) terrorismo; f) pena capital; g) guerra y otras operaciones militares; y h) destrucción ilegal del medio ambiente y actividades industriales nocivas (ver Rubio-Garay, 2016, para una revisión). La relación entre el razonamiento moral y la acción está mediada por una serie de mecanismos auto-sancionadores y autorreguladores, que anticipan la acción moral y la acción violenta de manera que la presencia de estos mecanismos favorece el incumplimiento de las normas sociales y la desinhibición de conductas agresivas, inmorales e inhumanas (Bandura, 2002). Los adolescentes y jóvenes que usan estos MMD entienden que su comportamiento no está relacionado con sus estándares morales internos de mala conducta o comportamiento poco ético, y tienden a mostrar más agresividad (Obermann, 2011). En este sentido, varios estudios han demostrado la relación directa y significativa entre DM y agresión (Bandura et al., 1996; Bandura et al., 2001; Paciello et al., 2008; Rubio-Garay et al., 2016;  2019) y relaciones negativas entre MD y empatía (Detert et al., 2008; Rubio-Garay et al., 2017). Se describirán los diferentes mecanismos de desconexión moral y se analizarán los principales resultados que han asociado estos mecanismos con los diferentes tipos de comportamiento violento en adolescentes y jóvenes.

En el ambito de la aplicacion de la Ley Organica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. La evaluación de los factores de riesgos y protección de los menores es un elemento fundamental para poder individualizar la intervención a desarrollar. para ayudar en este objetivo desde hace unos años en la USC se ha venido trabajando en el desarrollo del protocolo de evaluación del riesgo en adolescentes infractores. Dentro de este instrumento se incluye la versión breve del Inventario de Rasgos Psicopáticos Juveniles (YPI – Orue y Andershed, 2015). En este trabajo se presentarán las características psicométricas del inventario obtenida en una muestra de 185 adolescentes que cumplían medidas judiciales en tres comunidades autónomas (Galicia, Asturias e Illes Balears) y en otra muestra independiente de 330 adolescentes sin problemas legales. Además, se analizará la capacidad discriminativa del inventario y su relación con otros factores de riesgo evaluados a través del VRAI.

La Tétrada Oscura constituye un constructo de rasgos de personalidad —especialmente vinculado con la realización de conductas antisociales— compuesto por el narcisismo subclínico, el Maquiavelismo, la psicopatía subclínica y el sadismo cotidiano. En la presente revisión de estudios realizados desde el equipo de la Unidad de Psicología Forense del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche se presentan las relaciones observadas de este lado oscuro de la personalidad con otras conductas antisociales como la sextorsión, la ciberviolencia en las relaciones de pareja o el bullying; y otros constructos vinculados como la salud mental bidimensional, la inteligencia emocional, la empatía, el compromiso cívico, o la tendencia ideológica tanto en adolescentes como en jóvenes adultos. Entre los principales resultados obtenidos, se observa que el compromiso cívico, la inteligencia emocional y el bienestar se relacionan negativamente con el maquiavelismo y la psicopatía, y positivamente con el narcisismo. Por otra parte, aquellas personas con elevadas puntuaciones en estos rasgos, tienden a presentar ciertas dificultades en algunos aspectos de las habilidades empáticas, así como cierta tendencia a la derecha en el espectro político. A su vez, conductas antisociales o delictivas como la ciberviolencia en las relaciones de pareja o el verse envuelto en bullying, se verían principalmente predichos por los rasgos de psicopatía y sadismo, estando la sextorsión también influenciada por el narcisismo. Aunque estudios previos incluidos en esta revisión parecen indicar que las personas con estos rasgos tienden a ofrecer respuestas sinceras en las encuestas de investigación, actualmente se están diseñando otras herramientas de evaluación basadas en técnicas con un menor grado de subjetividad, permitiendo así una evaluación más objetiva e indirecta en otros ámbitos de la práctica psicológica.

Las personas que cometen delitos violentos, además de utilizar frecuentemente diferentes mecanismos de desconexión moral, también pueden presentar numerosas distorsiones cognitivas. Ambos aspectos, pueden facilitar la conducta delictiva y su afrontamiento ante los sentimientos de malevolencia o de culpa. Específicamente, dentro del contexto de la violencia contra la pareja, se han estudiado, entre otros conceptos, las distorsiones cognitivas y el sexismo en los agresores.

En esta exposición se tratará de responder a diferentes cuestiones: ¿los hombres violentos contra la pareja puntúan más en distorsiones cognitivas y en sexismo ambivalente que aquellos que no agreden a su pareja? ¿Existe relación entre las distorsiones cognitivas, el sexismo ambivalente y los mecanismos de desconexión moral en los agresores contra la pareja? ¿Los agresores contra la pareja tienen rasgos de personalidad anómalos que pudieran estar vinculados a la violencia de género?, etc. Para responder a estas cuestiones, se recurrirá a trabajos empíricos realizados en los últimos años. Como adelanto de los resultados, los hombres violentos contra la pareja puntúan significativamente más en distorsiones cognitivas y en sexismo ambivalente que aquellos que no ejercen violencia contra la pareja. A su vez, estos constructos considerados globalmente, están relacionados con una magnitud media o grande, dependiendo del grupo de pertenencia: agresores contra la pareja (r = 0,62) y no agresores (r = 0,37). Se comentan sus implicaciones para la práctica clínica.

Dr. Gualberto Buela-Casal es Licenciado en Psicología y Diplomado en Criminología por la Universidad de Santiago de Compostela, Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, Catedrático de Evaluación Psicológica, Especialista Sanitario en Psicología Clínica. Es autor del Método y Procedimiento para hacer un Peritaje Psicológico en el Ámbito Penal, tema sobre el que ha impartido conferencias en diversos congresos internacionales de Psicología Jurídica y Forense y es codirector del Manual de Psicología Forense: Fundamentos, Técnicas y Aplicaciones. Fue fundador y Director del Máster Oficial en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de Granada. Fundador de la Unidad de Psicología Jurídica y Forense, Spin Off de la Universidad de Granada.

Graduado en Psicología; Máster Oficial Universitario en Psicología Jurídica y Forense por la Universidad de Granada y formación especializada en Psicología Forense, Criminología y Violencia de Género. Psicólogo Forense Titular según Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley de Enjuiciamiento Criminal de España. Miembro experto en equipo de revisión de casos de feminicidio a nivel nacional en colaboración con Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior (España). Profesor del Máster Universitario en Psicología Jurídica y Forense y del Máster Universitario en Ciencias Criminológicas y Seguridad de la Universidad de Granada. Miembro de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense y de sección de Psicología Jurídica del Consejo General de la Psicología de España y del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental (España). Coordinador de la Unidad de Psicología Jurídica y Forense, Spin Off de la Universidad de Granada.

La sesión aplicada versará sobre cómo elaborar un peritaje psicológico pericial en el ámbito del derecho penal. Este tipo de peritajes psicológicos se solicitan en casos donde se ha cometido algún delito o si se ha sido víctima de uno, con objeto de recabar información sobre el estado psicológico de la persona y que puede resultar útil para el desarrollo del caso. La peculiaridad de este tipo de peritajes radica en su dificultad dentro de la práctica profesional del psicólogo debido a la gran responsabilidad ética del profesional, el carácter retrospectivo de la evaluación en determinadas ocasiones, el nivel de colaboración de la persona evaluada y su motivación para mentir entre otras características. Para ello se abordarán conceptos fundamentales relacionados con el mismo, los tipos de peritajes psicológicos según el modelo de evaluación aplicado, cómo se tiene que planificar correctamente un peritaje, qué pruebas psicodiagnósticas pueden aplicarse en función del área psicológica a valorar, cuestiones éticas y deontológicas fundamentales a tener en cuenta durante la elaboración de un peritaje psicológico; los principales trastornos que suelen verse en los peritajes penales como por ejemplo los trastornos psicológicos relacionados con la ausencia de acción y trastornos psicológicos relacionados con la imputabilidad; cómo redactar el informe psicológico escrito y su presentación oral en juicio.

Manuel Ramos Garrido, Licenciado en Psicología por la Universidad de Santiago (USC). Máster en Psicología Forense i Criminal por la Universidad de Barcelona (IL3-UB). Ha trabajado en diferentes Servicios de la administración de justicia de la Generalitat de Catalunya y como psicólogo forense en el Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA). Ha sido ponente y conferenciante en diversos congresos y jornadas y docente invitado en diferentes másters y postgrados del ámbito forense. Ha colaborado como redactor para diferentes guías profesionales de trabajo dentro ámbito jurídico-forense. Es miembro de la junta directiva de la sección jurídica del COPC donde se ha acreditado como experto en Psicología Jurídica y Forense. En la actualidad es responsable de la delegación del Instituto de Psicología Forense de Galicia (IPF).

Andrea Arnalda Muñoz es Graduada en Psicología por la Universidad de Barcelona, máster en Psicología Forense y Criminal por la Universidad de Barcelona-Instituto de Formación Continua IL3, y formación especializada en prevención y tratamiento de la violencia sexual. Becada en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña, así como en el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia de la Universidad de Barcelona.

Coautora de investigaciones y publicaciones entorno a la violencia sexual, la reincidencia delictiva y el tratamiento de las conductas delictivas, entre otras temáticas. Miembro del equipo responsable del proyecto de revisión y acreditación de los programas de tratamiento en el ámbito penitenciario catalán, así como de otros estudios relativos a la delincuencia y la violencia sexual. Actualmente centrada en la atención a víctimas de violencia como técnica en el Servicio de Acompañamiento a la Víctima del Delito de Barcelona.

En esta sesión aplicada se presenta un análisis teórico-práctico sobre la delincuencia de cuello blanco, desde la contextualización científica del fenómeno criminal, hasta la ilustración mediante un caso práctico de una evaluación forense y del tratamiento específico dirigido a eliminar estas conductas delictivas.

Para ello, se presentarán inicialmente los resultados de un estudio en el que se analiza una muestra concreta situada en el entorno penitenciario catalán. Con ello, se pretende ejemplificar y aterrizar el estado de la cuestión en un contexto concreto y accesible, que permite conocer las necesidades y características criminógenas del fenómeno criminal.

Así, una vez abordados los resultados del estudio y establecida la discusión del mismo, se presentará un modelo de trabajo de evaluación forense y tratamiento específico que se explicará mediante un caso práctico. Con este trabajo, se pretende trasladar a los asistentes la metodología, la técnica y las evidencias científicas en las que nos hemos apoyado para dar como resultado un trabajo de valoración forense, predicción y seguimiento del riesgo de reincidencia delictiva, así como de la presentación de su tratamiento psicoeducativo posterior, en el contexto de un proceso previo al cumplimiento de una pena privativa de libertad, o de la medida penal alternativa impuesta.

Finalmente, se presentan los objetivos generales y específicos propuestos para el penado y se describirán los resultados de tratamiento, así como su impacto sobre la gestión del riesgo de la reincidencia delictiva futura.

Ramón Arce es Catedrático, categoría obtenida en concurrencia competitiva (Prueba de Habilitación Nacional), de Psicología Jurídica y Forense en la Universidad de Santiago de Compostela, y director de la Unidad de Psicología Forense de la USC donde ejerce como perito. Es Editor-in-Chief del European Journal of Psychology Applied to Legal Context. Sus tópicos de investigación son la evaluación forense y testimonio, psicología jurídica de la familia, predicción del comportamiento disruptivo y delictivo en menores, y la toma de decisiones judiciales. Ha publicado 121 artículos en revistas arbitradas por pares en estos tópicos, 60 libros y 170 capítulos de libros y, además de numerosas participaciones en congresos nacionales e internacionales. Tiene un índice H de 42 en Google Scholar y más de 6000 citas, un índice H de 25 en Publons (Web of Science) y más de 390.000 descargas en Researchgate. Por su labor investigadora, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) le ha informado positivamente 6 (100%) sexenios de investigación y transferencia de conocimiento. Además, y también por su labor investigadora ha recibido varios premios de investigación entre los que destaca, por su investigación en la predicción del comportamiento delictivo, el Premio Nacional de Investigación Educativa, edición de 2004, concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia. Ha obtenido financiación continuada en concurrencia competitiva en convocatorias autonómicas, nacionales y europeas desde 1989 a la actualidad en calidad de IP en 18 proyectos, y como miembro del equipo investigador, en otros 14 proyectos. Fruto de los logros de su investigación ha transferido conocimiento a través de 44 convenios, contratos y actividades I+D por un valor superior a 4 millones de euros (entre otros, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias, Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Igualdad, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Xunta de Galicia y Administración local). Sus aportaciones aplicadas más significativas en el campo forense son la creación y validación científica y judicial de técnicas forenses aplicadas a casos de disputa por la guarda y custodia, la creación y validación de la entrevista clínico forense, la creación y validación de técnicas forenses para la evaluación de la simulación de trastornos mentales, disimulación de trastornos o simulación positiva o la concreción de un protocolo de evaluación global del testimonio, el Sistema de Evaluación Global (SEG). En el campo de la Psicología Jurídica destaca la creación y dirección del Programa Galicia de Reeducación para Maltratadores de Género por el que le fue concedida la medalla de Plata al Mérito Penitenciario (Ministerio del Interior). En relación con las actividades de transferencia de conocimiento, ha generado distintos productos registrados con propiedad intelectual: Técnica y protocolo de evaluación forense de la huella psíquica consecuencia de la violencia de género; Técnica y Protocolo de daño moral consecuencia de accidentes de tráfico; Técnica y protocolo de evaluación psicológico-forense de la imputabilidad; Peritación psicológica de la credibilidad del testimonio, evaluación de la disimulación y modelos de periciales: El Sistema de Evaluación Global; Entrevista clínico-forense. Estas técnicas forenses son de uso muy frecuente en la práctica forense nacional; han sido avaladas por la jurisprudencia como pruebas admisibles y válidas; el Consejo General del Poder Judicial las avaló como prueba de referencia y se practican en números Institutos de Medicina Legal, especialmente en casos de Violencia de Género y Agresiones Sexuales; también se han tomado como prueba en varios países iberoamericanos (México, Portugal, Argentina, Ecuador, Brasil, Costa Rica o Chile), siendo en Chile los medios de prueba en los que la fiscalía sustenta la acusación.

Las técnicas forenses basadas en el análisis de contenido de las declaraciones se han mostrado como las más eficientes a la hora de evaluar la validez del testimonio. Asimismo, gozan, aunque cada vez menos, de validez judicial. La técnica del Reality Monitoring (RM) que se dirige a discernir entre (investigación científica) y clasificar (objetivo forense) memorias reales (percibidas) de eventos pasados (frente al reality testing que es de memorias actuales) y memorias imaginadas (fabricadas) de eventos, junto al Statement Reality Analysis son las más comunes. Para ello, el modelo del RM (Johnson y Raye, 1981) identifica los atributos que componen la memoria (contextuales, sensoriales, semánticos y operaciones cognitivas) y las dimensiones en las que las memorias de origen interno (más atributos cognitivos) y externo (más información contextual, sensorial y semántica) difieren. Para la medida del origen de la memoria, Johnson et al. (1998) crearon el Memory Characteristics Questionnaire (MCQ) que constaba de 39 ítems en los que los sujetos evaluaban el origen de su memoria. En 1986, Schooler, Gerhard and Loftus tomaron dos categorías del RM (información sensorial y operaciones cognitivas) para aplicar un análisis de contenido para diferenciar entre memorias sugestionadas (falsas memorias) y memorias reales de testigos. Ya en 1992 Marisa Alonso-Quecuty aplicó un sistema categorial de análisis de contenido basado en las categorías de Johnson y Raye para la diferenciar entre declaraciones verdaderas (origen externo) y falsas (origen interno). En 2004, Sporer and Küpper factorializaron el MCQ obteniendo 8 factores (i.e., claridad, información sensorial, información espacial, información temporal, información afectiva, reconstructabilidad de la historia, realismo, e información cognitiva), proponiendo dos versiones de la escala: una de autoevaluaciones (Self-ratings of Memory Characteristics Questionnaire [SMCQ]) y otra para la evaluación de memorias de otros (Judgement of Memory Characteristics Questionnaire [JMCQ]). Este sistema categorial de criterios ampliados ha sido el más ampliamente estudiado. En esta sesión aplicada se va revisar toda la literatura científica a la luz de las implicaciones de los resultados cara a la validez como prueba forense.

Licenciado en psicología, Máster en Ciencias Forenses y en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud, y Doctor en Ciencias Forenses. Especializado en el estudio de la validez de síntomas, estilos de respuesta y simulación, la violencia escolar y la violencia hacia el personal sanitario. Trabaja como investigador en el equipo E043-04 de psicología Social de la Universidad de Murcia desde hace 4 años, y como psicólogo forense en el Servicio Externo de Ciencias y Técnicas Forenses (SECYTEF), también de la anterior Universidad, desde hace 5 años. Además, imparte docencia sobre psicología social y forense en la Universidad Antonio de Nebrija. Dispone de una amplia experiencia tanto docente como investigadora, habiendo publicado múltiples estudios en revistas de alto impacto indexadas a JCR y SJR.

Licenciado en Psicología y Máster en Psicología General Sanitaria por la Universidad de Murcia. He obtenido tanto el premio fin de carrera por rendimiento académico como la Beca de Colaboración MEFP y la de Iniciación a la Investigación de la Universidad de Murcia. Actualmente, está vinculado al Departamento de Ciencias Sociales y de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia a través de un contrato predoctoral FPU del MEFP, colaborando de forma continua con tres grupos de investigación: E043-04 Psicología Social, E063-01 Salud Laboral y E008-06 Medicina Legal y Toxicología. Su principal línea de investigación está relacionada con la vida escolar, explorando su relación con la violencia de género, la aporofobia, el racismo y la homofobia, entre otros. También ha colaborado en investigaciones relacionadas con otras formas de violencia (laboral y de género), y con el estudio de la validez de síntomas y la simulación. Asimismo, desempeña funciones docentes en el Grado de Psicología de la Universidad de Murcia en el Área de Psicología Social, y labores asistenciales en el Departamento de Psicología Aplicada y en el Servicio de Ciencias y Técnicas Forenses de la Universidad de Murcia.

Neuropsicólogo clínico y psicoterapeuta con base en el hospital general Friedrichshain en el centro de Berlín, Alemania (dept. de Neurología). En la actualidad, su interés personal y profesional se ha centrado principalmente en la evaluación forense (civil y no penal) y en la evaluación de la validez de los síntomas y el rendimiento. Es autor de aproximadamente 160 artículos científicos, capítulos de libros, libros, revisiones y pruebas / adaptaciones de pruebas. Ha impartido clases en varias universidades, y ha realizado numerosos talleres y seminarios para la formación continua de los profesionales. Ha sido consultado regularmente para realizar evaluaciones forenses independientes por parte de tribunales, departamentos estatales y organismos públicos y privados. De la misma forma, ha sido el convocante del Tercer Simposio Europeo sobre Evaluación de la Validez de los Síntomas en Würzburg, Alemania, en julio de 2013, y ha formado parte del programa de los seis simposios celebrados hasta ahora.

Las evaluaciones realizadas en el contexto clínico-forense dependen en gran medida de la presentación que las personas valoradas realicen de la presunta condición padecida, de su apertura y precisión al responder, y de su predisposición a realizar un esfuerzo sincero y continuado. Por este motivo, el/la profesional debe considerar en todo momento que existe la posibilidad de que los pacientes no ofrezcan una presentación de síntomas honesta, influidos por metas o motivos ajenos al diagnóstico o la condición padecida. Para evaluar la validez de los síntomas es necesario una estrategia completa que aborde el fenómeno sistemáticamente y utilice múltiples fuentes de información. Entre dichas fuentes de información, el uso de medidas psicométricas es una de las aproximaciones más comunes. Si bien en la bibliografía española han sido validados varios de los instrumentos más utilizados a nivel internacional, la evidencia indica que presentan ciertas limitaciones y, a día de hoy, se disponen de pocas herramientas que persigan la citada finalidad. Así, en la presente sesión aplicada se dará a conocer a los/as profesionales del contexto forense los principales avances y enfoques internacionales en la temática para la valoración de la validez de síntomas.

Especialistas en Psicología Jurídica y Forense, compatibilizando la función aplicada mediante la realización de informes periciales e intervención psicosocial en ámbito jurídico, junto a la tarea docente, siendo docentes de los Grados de Psicología y Criminología en diferentes Universidades, así como en Másters y Posgrados afines a la temática. En el año 2018 se unen para formar este grupo de trabajo, perteneciente a la Sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de Psicología de Catalunya (COPC), habiendo ampliado su equipo en los últimos años.

En el año 2019, en el seno del Grupo de Trabajo de Psicología Jurídica Aplicada al Ámbito Penal, perteneciente a la Sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de Psicología de Catalunya, presentamos una Guía de libre consulta para colegiados/as que pretende resumir los principales dilemas que encontramos en el momento de emitir un informe psicológico pericial en ámbito penal, y que suelen obedecer a aspectos éticos y deontológicos, pero también procesales; siendo de interés general para el ámbito forense, hallar respuestas en ambos campos para unificar un criterio único o, cuanto menos, arrojar luz sobre la lógica en la toma de decisiones.
En la Guía se realiza un desarrollo sobre los elementos centrales a nivel ético, deontológico y procesal sobre la función psicológica pericial forense en ámbito penal, planteando que la decisión técnica de cada caso suele estar reflejada en una de esas categorías o bien, en casos más complejos, en la confluencia de varias de ellas.
Partiendo de la premisa de que esta guía no nació con la pretensión de ser un manual directivo y único, sino con la motivación de crear un espacio de reflexión que ayudara a las/os profesionales del ámbito penal forense a una toma de decisiones fundada y basada en el conocimiento, se plantea esta Sesión Aplicada, en la que se presentarán estos dilemas, se debatirán y se analizará la propuesta realizada a través de la ejemplificación mediante casos prácticos.

Romina Rey Cattani es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, Máster oficial en Psicología Jurídica por la Universidad Católica de Valencia y Máster oficial en Psicología General Sanitaria por la Universidad de La Laguna. Acreditada como experta en Psicología Forense por el Consejo General de Psicología de España y miembro de la División de Psicología Jurídica (Psijur) de dicho Consejo.

Ha trabajado en Servicios Sociales, en un programa de atención a drogodependientes y sus familias, así como en instituciones penitenciarias (prisión de Picassent) y en el Área de Igualdad, con víctimas de violencia de género. Sus primeros pasos en la valoración psicológico forense fue a través del Instituto de Medicina Legal de Valencia, en casos de menores víctimas de violencia sexual, en lo que se ha ido especializando a lo largo de los años. Durante casi 2 años participó en un programa de evaluación, diagnóstico y tratamiento de menores víctimas de violencia sexual, con la Fundación Márgenes y Vínculos, en acuerdo con Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, del Gobierno de Canarias. Desde hace unos años realiza su actividad tanto en el ámbito privado, a través del Equipo Forense del Gabinete Psicológico Dánae, impartiendo docencia y realizando periciales en todas las ramas del Derecho, como en el público, en colaboración directa con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, del Gobierno de Canarias, realizando periciales en materia penal y familiar.

El objetivo de esta sesión aplicada es acercarnos a la valoración pericial psicológica en materia de familia, particularmente de guarda y custodia, en casos con especial complejidad, dada la existencia de elevada conflictividad conyugal, que se extiende hacia los hijos y que acaba materializándose en la destrucción del vínculo parento-filial, con las repercusiones que esto implica. Para ello, se presenta un caso práctico real, que parte de la solicitud de un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, con el fin de informar cuál sería el régimen de guarda y custodia más idóneo para dos niñas de 12 y 10 años. Tras el análisis documental del expediente judicial, se mantienen entrevistas personales con toda la unidad familiar, se administran los instrumentos psicométricos acordes con el objetivo pericial y se mantienen los contactos interprofesionales oportunos. A través de la exploración realizada, se constata que ambas menores presentan un intenso rechazo a la figura materna debido a la influencia recibida por parte del progenitor, negándose a mantener cualquier tipo de contacto con la progenitora. El dictamen pericial necesariamente ha de abordar esta problemática, teniendo en cuenta el interés superior de las menores.

José Manuel Muñoz Vicente, es Licenciado en Psicología (UCM) y experto en Criminología por la misma universidad. Máster Oficial en Criminología y Delincuencia Juvenil (UCLM) y Máster en Psicopatología Criminal y Forense (UCJC).

Desde el año 2005 desempeña su labor profesional como psicólogo forense en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, realizando informes periciales para las jurisdicciones civil y penal.

Ha publicado diversos artículos científicos y capítulos de libros relacionados con la disciplina, así como ha colaborado en la elaboración de Guías de Buenas Prácticas en distintos campos de la Psicología Forense. También ha formado parte de equipos de investigación en el área.

Es docente en distintos programas de postgrado relacionados con las Psicología Forense y participante habitual en actividades técnico-científicas relacionadas con la profesión.

Fue coordinador de la Sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (2009-2018), y actualmente es coordinador de la Unidad Psico-Jurídica del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid (ICF-UAM) y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF).

Ingresa en la Carrera Judicial en 1991,  por el turno de oposición libre.

Ha servido los Juzgados de Vic (1992-1998), Granollers (1998-2000) y es titular del Juzgado de 1ª Instancia nº 14 de Barcelona (desde el año 2014).

Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona (2004), con la tesis “La iniciativa probatoria en el proceso civil”, dirigida por el Dr. Manuel Serra Domínguez.

Profesor Ordinario Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (2000-2008).

Director del Instituto de Probática y Derecho Probatorio (2008-2014) de la Universitat Ramon Llull.

Vice-Presidente de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio (2016).

Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho  Procesal (2014).

Secretario del  Patronato del Institut  Borja de Bioètica (1995), primer centro de bioética en Europa, fundado por el Dr. Francesc Abel Fabre (1975).

Premio FelipPortabella por el Il·lustreCol·legi de l’Advocacia de Barcelona (2019).

Director del Seminario interdisciplinar en familia (2018).

Presidente de la Plataforma Familia y Derecho (2019), asociación de carácter interdisciplinar que tiene por finalidad la especialización, en el orden jurisdiccional civil, de las materias de infancia, familia y capacidad.

Entre sus monografías destacan:

• • • • La iniciativa probatoria en el proceso civil (2015).
      • Derecho Probatorio (2012).
      • La valoración de la prueba en el proceso civil (2014).
      • Las reglas de la sana crítica (2015).
      • La prueba en los procesos de familia (2019).
      • La valoración de la credibilidad del testimonio (2020).
      • Codirector de la Serie Estudios Prácticos sobre los medios de prueba (2006-2012) de 6 volúmenes.

Mila Arch es doctora en psicología, especializada en psicóloga forense y profesora lectora en la Universidad de Barcelona.

Ha publicado numerosos artículos científicos en revistas indexadas, así como en otras publicaciones y diversos capítulos en libros tanto del ámbito psicológico como jurídico. Asimismo, ha realizado más de un centenar de contribuciones científicas en Jornadas y Congresos nacionales e internacionales.  Entre las últimas publicaciones se encuentran, entre otras: Abel. X., Arch, M., Muñoz, J.M, y Viñas, D. (2019) El informe pericial psicológico en los procedimientos de familia: indicaciones para facilitar su valoración pericial. Revista de Derecho de Familia: Doctrina, Jurisprudencia y Legislación, 85, 27-48.; Fabregas, M., Arch, M., García-Arch, J., Segura, J., & Pereda, N. (in press). Assessment criteria in relocation cases: An exploratory study of Spanish family court judges. Journal of Child Custody, así como la participación en las obras colectivas publicadas en 2019: La audiencia del menor en los procesos de familia (SEPIN) y Hacia un proceso penal más reparador y socializador: avances desde la justicia terapéutica (Dykinson)

Ha participado en diversos proyectos de investigación, en la actualidad, en los desarrollados por del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y del Adolescente de la Universidad de Barcelona (GReVIA), del que es miembro activo.

A lo largo de su trayectoria ha formado parte de diversos comités y ostentado varias representaciones destacando, entre otras, la Presidencia de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (2010-2018) y la Presidencia de la Comisión Permanente de la Comisión Deontológica Estatal (2017-2018), asimismo, ha sido miembro de reconocido prestigio de la Junta Directiva de la división de psicología jurídica del COP (2015-2018). Actualmente, es vocal de la Junta Directiva de la SEPJF.

El informe pericial psicológico, como cualquier otra prueba pericial, está sujeto, entre otros, al principio de contradicción, con toda la amplitud que permite el art. 347 LEC, en el acto de la vista, en la que los peritos deberán someterse a las preguntas que les dirijan los letrados, el Ministerio Fiscal y el propio Juez. Así, el art. 347.1 de la LEC señala que a los peritos, si el juez admite su comparecencia en la vista del juicio oral, se les podrá solicitar, por las partes, la exposición completa del dictamen, la explicación del dictamen o de alguno de sus puntos, las respuestas a preguntas sobre el método aplicado, las premisas y conclusiones, las respuestas a solicitudes de ampliación a extremos conexos, la crítica del dictamen de la parte contraria y la formulación de las tachas que pudieran afectar al perito (art. 347.1 apartados 1º a 6º LEC).

El juez o tribunal también podrá formular preguntas a los peritos y requerir de ellos explicaciones sobre lo que sea objeto del dictamen aportado. En el caso de tratarse de un informe solicitado por el juez o Tribunal también podrá acordar su ampliación si entiende que el mismo solo ha contestado parcialmente al objeto de la pericial (art. 347.2 LEC).

El modelo dual de prueba pericial de nuestra LEC favorece la aportación de informes periciales contradictorios, lo que introduce un factor de complejidad en el proceso de valoración de la prueba. En estos casos, el juez puede considerar útil e incluso recomendable que la ratificación de los distintos peritos se realice de forma conjunta, en lo que se ha venido denominando careo entre peritos. La posibilidad de un careo entre peritos, aun cuando explícitamente no está regulada en la LEC (que solo prevé para el careo entre testigos y entre éstos y las partes –art. 373 LEC-), encuentra apoyo legal en el apartado 5º del art. 347.1 LEC que, al delimitar el ámbito de la contradicción del dictamen pericial y la intervención del perito en el acto de la vista, prevé que pueda extenderse a la “crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria”. Esta alternativa está mayoritariamente aceptada en la práctica forense, resultando tanto más útil cuanto mayor es el grado de cualificación profesional de los peritos intervinientes.

La función directiva del juez durante el careo es fundamental, y a tal fin puede: a) instruir a los peritos sobre el modo de practicar el careo; b) fijar el turno de intervenciones, y señalar el perito que debe intervenir en primer lugar; c) ordenar los extremos sujetos a contradicción; d) procurar que los peritos guarden el respeto debido, que no se interrumpan y que la diligencia no degenere en mutas acusaciones; e) neutralizar los riesgos de enfrentamiento dialéctico; f) fijar el modo de proceder en caso de someterse a careo más de dos peritos, siquiera es preferible limitar la confrontación a dos de ellos; y g) percibir las actitudes o explicaciones de los careados.

En esta sesión aplicada se recreará un careo entre dos peritos psicólogos dentro de un procedimiento de Familia, con consideraciones contradictorias sobre el mismo caso, que se someterán a las preguntas del Juez. Al finalizar el careo el Juez valorará qué perito ha tenido mayor poder de convicción y por ende, le ha ofrecido mayor confianza, argumentando los elementos que le han llevado a esa consideración.